Con el acrónimo TERESA, el Banco Mundial (BM) identifica un grupo de iniciativas denominado TERtiary Education Student Assistance Project (Proyecto de Asistencia a Estudiantes de Educación Terciaria). Para el proyecto, relacionado con la Política de Pueblos Indígenas del BM, el organismo aprobó el pasado 13 de diciembre una línea de crédito por 180 millones de dólares, con el compromiso de que el gobierno aportará otros 120 millones de dólares en el lapso 2006 a 2010.
La mayor parte del financiamiento, más del noventa por ciento, está referido al Programa Nacional de Becas de Educación Superior (PRONABES). El resto de los recursos se destina a finalidades complementarias: estructura regulatoria, supervisión y evaluación del proyecto, expansión del Programa de Asistencia a Estudiantes Indígenas (copatrocinado por la Fundación Ford y operado por ANUIES), y recursos iniciales para un programa estatal de crédito educativo.
Los fondos para la ampliación del PRONABES, se justifican mediante la creación de un Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior (PAEES), para el cual están proyectadas tres objetivos: a) incrementar el número de becas PRONABES, b) establecer programas estatales de crédito educativo que contribuyan a movilizar recursos privados para el financiamiento de la educación superior, y c) brindar apoyos compensatorios a estudiantes de nivel medio superior.
Se estima que los recursos para el PRONABES (278.88 millones de dólares sumando las aportanciones del BM y del gobierno) permitirán crear unas 400 mil nuevas becas en los próximos cuatro años. El proyecto para estudiantes de nivel medio superior, denominado "Intervenciones Tempranas para Asistir a Estudiantes Talentosos de Escasos Recursos", será dotado con 1.2 millones de dólares y se destinará a estudiantes beneficarios del programa Jóvenes con Oportunidades. Para iniciar el proyecto, en fase piloto, se espera la concurrencia económica de algunos gobiernos estatales.
La parte del fondo avocada al fortalecimiento del Programa de Asistencia a Estudiantes Indígenas (PAEI) consta a su vez de 4.7 millones de dólares, y se piensa utilizar en la creación de Unidades Académicas de Soporte (UAS) en universidades indígenas. Estos recursos se añaden al patrocinio que ha brindado la Fundación Ford al programa de educación superior indígena (Pathways to Higher Education), cuya coordinación académica está a cargo de la ANUIES.
Un monto de 10.6 millones de dólares, que equivalen al 3.5 por ciento del costo total del proyecto TERESA, se destina a la creación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo (ICEEQROO). Se trata de un proyecto similar al que auspició la creación del ICEE-Sonora en 1998, aunque en aquella ocasión se autorizaron 50.8 millones de dólares, y complementario del crédito concedido a la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES). Estos proyectos tienen en común el objetivo de consolidar un sistema de crédito educativo, complementario a las becas para la población más pobre.
Evaluaciones
Las evaluaciones sobre los primeros resultados de los programas de becas para estudiantes de escasos recursos muestran buenos resultados, y existe poca o ninguna oposición a que prevalezcan como fórmula de política pública para mejorar la distribución social de oportunidades de educación superior. No obstante, hay algunos ángulos problemáticos en la operación que venimos comentando.
En primer lugar, su inclusión en el esquema de política indigenista del Banco Mundial. Se siente muy forzada, simplemente porque, al menos el PRONABES, no fue diseñado con ese propósito específico. En segundo lugar, quizás lo más importante, el crédito se advierte como un medio para asegurar ciertos criterios y programas en un escenario de cambio de gobierno. Aunque una operación de esta naturaleza implica la contratación de deuda externa, por alguna razón se omite su discusión en el Congreso.
Por último, es de interés advertir el enfoque del Banco Mundial acerca del financiamiento de la educación superior. En resumen: asegurar que la población en condiciones de pobreza tenga acceso a ciertos satisfactores sociales, en este caso la educación superior. Pero, al mismo tiempo, buscar opciones para que la oferta educativa (pública y privada) sea fiscalmente sostenible, por ejemplo mediante el crédito educativo. ¿Apoyar al sector privado universitario con fondos públicos? No es un horizonte tan lejano.