La autonomía financiera y de gestión académica, así como la renovación de las
formas de gobierno universitarias aparecen como temas relevantes de la Ley
relativa a las libertades y responsabilidades de las universidades, aprobada
por el Parlamento francés el pasado 11 de agosto. Sin embargo, el leitmotiv de
la medida alude a los retos de competitividad de la universidad en el contexto
europeo, así como a la problemática de la inserción laboral de los egresados.
Para entender sus alcances en el énfasis en la cuestión de la empleabilidad,
resulta provechoso remitirnos al llamado debate universidad-empleo, organizado
por el gobierno francés el año pasado.
En abril de 2006, el entonces presidente Jacques Chirac encomendó a Patrick
Hetzel, rector de la Academia de Limoges, la misión de formar y presidir una
comisión de debate nacional sobre el tema. El grupo se integró con 15
personalidades del medio universitario, de las asociaciones profesionales y de
los grupos empresariales. La comisión enfocó su labor a recoger las expresiones
de grupos y personas interesadas en el debate.
Los diagnósticos, deliberaciones, documentos de trabajo y conclusiones de la
Comisión están recogidos en http://www.debat-universite-emploi.education.fr, por
lo cual sólo citaremos las conclusiones programáticas centrales: a) luchar
contra el fracaso escolar en la universidad; b) reconsiderar la información y la
orientación vocacional; c) mejorar la profesionalización de la formación
universitaria; d) acercar duraderamente a la universidad y el mundo del trabajo;
e) crear una alianza universidades-empleadores enfocada al crecimiento, y f)
hacer evolucionar el sistema universitario en su conjunto.
En torno a cada una de esas propuestas, la comisión recomendó reformas
organizativas y académicas y sugirió la creación de ámbitos intermedios para
facilitar la relación entre el medio universitario y el productivo. Las palabras
finales del reporte sintetizan el problema abordado y el enfoque de solución:
Las universidades francesas, tras haber afrontado el reto de crecimiento
demográfico de la población estudiantil, deben centrar hoy su batalla en el
empleo de los jóvenes y acompañar una renovada dinámica de crecimiento nacional.
Las prácticas originales y eficaces no faltan en la universidad francesa. Su
definición, difusión y aplicación al conjunto del sistema permitirán, a las
universidades, afrontar el desafío de la formación y la inserción profesional de
los jóvenes. Los espíritus están dispuestos para la concreción de un pacto
nacional por la universidad.
Por la importancia de ese debate, tras el relevo de gobierno, ni la ministra
Valérie Pécresse, promotora de la nueva ley, ni los legisladores en su dictamen
de la iniciativa, dejaron de pronunciarse al respecto. En la exposición de
motivos del proyecto se relacionan los temas de la autonomía universitaria, el
desempeño escolar y la inserción laboral indicando que el éxito de los
estudiantes en la universidad pasa por la libertad otorgada a las universidades
de aplicar, en el marco de los títulos nacionales, las formaciones más
pertinentes, así como encontrar a los socios, públicos y privados, en
condiciones de apoyar su política científica y de formación profesional.
En tono más retórico, la ministra, en el discurso de presentación del
proyecto a la Asamblea Nacional (23/07/06), alertó sobre la urgencia de la
reforma en favor de los estudiantes: Es hora de hablar con sinceridad a nuestra
juventud. Ya no hacer creer a los estudiantes y a sus familias que la igualdad
de oportunidades es el derecho para todos de hacer todo. A continuación, romper
con la indiferencia: no podemos seguir cerrando más los ojos sobre una situación
que cada uno sabe explosiva.
¿De qué manera se plasmaron estas preocupaciones e intenciones en la reforma
legal? En primer lugar, mediante la incorporación de nuevos enunciados en la
lista de las misiones de servicio público de la enseñanza superior. El texto
previo a la reforma (art. L.123-3 del Código de Educación) indicaba como
misiones de la universidad: la formación inicial y continua; la investigación
científica y técnica, así como la valorización de sus resultados; la difusión de
la cultura y la información científica y técnica y la cooperación internacional.
El nuevo texto agrega la orientación y la inserción profesional, así como la
participación en la construcción del Espacio Europeo de la educación superior y
la investigación. El primer mandato implica una transformación conceptual muy
relevante: se reconoce el papel corresponsable de la institución en la
orientación de las vocaciones profesionales, al mismo tiempo que se señala la
corresponsabilidad de la universidad en el destino laboral de los egresados.
Si se toma en cuenta que más de la mitad de los universitarios franceses no
consiguen titularse, la mayoría de los cuales abandona tempranamente la
universidad, y que casi la mitad de los egresados no logra una colocación
profesional antes de un año, se entiende bien la adición formal de la misión de
orientación e inserción, la cual se busca complementar con otros derechos: el
artículo 20 de la nueva norma instaura un procedimiento de preinscripción con el
fin de permitir a cada estudiante elegir el establecimiento en que proseguirá
estudios, el artículo 21 obliga a cada universidad a crear una oficina de ayuda
a la inserción profesional, y el artículo 22 faculta a los rectores a contratar
estudiantes como tutores o bibliotecarios, medida que puede servir para evitar
deserciones por razones económicas. Otras reformas, como la incorporación de
representantes empresariales en los consejos de administración de las
universidades, o la habilitación para contratos de vinculación con empresas,
también se justifican como medios para aproximar el medio laboral al académico.
La reforma de ley anticipa cambios importantes en el sistema universitario.
No extraña que antes de su aprobación y posterior a ésta haya tenido lugar un
debate crítico sobre el rumbo futuro de la universidad francesa.