El proyecto universitario ha logrado subsistir en el tiempo gracias a su
capacidad de respuesta a los problemas y desafíos que, en distintos momentos de
la historia, se le han planteado y ha conseguido remontar. La universidad cambia
al readecuar sus formas de trabajo y gobierno, la orientación de sus funciones
básicas, así como el sentido de sus pactos, reglas de actuación y marco de
expectativas ante las instancias de la sociedad y del Estado que son su
referente inmediato.
En el plano internacional son abundantes los diagnósticos sobre la actual
situación de la universidad y acerca de sus perspectivas a futuro. Algunos
autores acentúan las dificultades de preservar el proyecto universitario en
presencia de otras agencias y agentes productores de conocimiento, aparentemente
más eficaces y rentables. Otros hacen ver que la proliferación de
establecimientos e instituciones con capacidades de instrucción profesional
resta centralidad a la universidad clásica y apunta hacia los límites de su
modelo histórico.
Otros más advierten las dificultades que enfrenta la
universidad pública para coincidir con los lineamientos de política pública del
Estado neoliberal. Hay quienes, por último, reconocen o reafirman su confianza
en la capacidad de la institución para marchar al ritmo de las innovaciones y,
más aún, para generar la dotación de conocimientos que de sustento a los
sistemas económicos y culturales de innovación y creatividad.
Si sólo se considera la profunda raíz cultural del modelo occidental de
universidad, así como la carga simbólica de la institución depositada en el
imaginario de la sociedad, parece poco sensato discutir acerca del fin de la
universidad como un escenario probable en los límites del futuro discernible.
Sin embargo, remitirse a la tradición casi milenaria de la universidad no parece
suficiente para conjurar sus problemas más apremiantes. Al contrario, se corre
el riesgo de subestimar el peso de factores tales como la transición
demográfica, la insuficiencia crónica de recursos, la ausencia de canales de
comunicación y transmisión ágiles entre la universidad y el mundo productivo,
así como entre la universidad y el Estado.
En el presente ensayo nos vamos a
referir a algunos de estos temas, sin ánimo de agotar el elenco de aspectos de
la problemática, pero con criterios de relevancia y oportunidad. Se trata de
abordar la siguiente cuestión: a la luz de la actual dinámica universitaria
¿cuáles son los problemas que reclaman atención inmediata para revitalizar la
opción de una universidad pública y autónoma, con un papel central en la
generación de capacidades profesionales, científicas y humanísticas?
La universidad ¿sólo para jóvenes?
La universidad moderna se afirmó como el tramo superior de la formación
escolar y, por lo tanto, como un ámbito en el que interactúan dos categorías
exclusivas: los adultos que enseñan e investigan y los jóvenes que acuden a la
universidad a ser formados para actuar en el mundo como profesionales preparados
en alguna disciplina particular. En algunas regiones del mundo desarrollado
-Europa en su conjunto es el mejor ejemplo- esta relación ha comenzado a perder
sustento demográfico. Como efecto de los cambios en el patrón de crecimiento
poblacional desde los años sesenta del siglo pasado, en la actualidad está
disminuyendo el número absoluto de jóvenes europeos que demandan educación
superior, lo que ocasiona, naturalmente, problemas del lado de la oferta.
Esta pauta tiende a acentuar sus efectos en circunstancias en las que, como
está ocurriendo en el presente, el mercado laboral de las profesiones pierde
dinamismo como efecto de la recesión económica, y en que, a consecuencia de lo
anterior, la formación universitaria deja de ser percibida como el canal de
movilidad social por excelencia.
En algunos casos a la disminución relativa de la demanda se ha respondido
mediante ajustes a la planta académica, por ejemplo a través del expediente de
la prejubilación; en otros mediante esquemas de contratación de personal docente
a acuerdo al volumen de la demanda real y sus proyecciones. Una tendencia
asociada a tal dinámica ha sido la apertura de programas de posgrado o
actualización profesional para capturar un nuevo “mercado” estudiantil.
Si bien los modelos universitarios centrados en la formación permanente se
sustentan en la transición demográfica apuntada, hay otro elemento que refuerza
la tendencia. Aquel que tiene que ver con la rápida obsolescencia de
conocimientos profesionales y con el agotamiento de nichos de mercado en el
sector laboral profesional. El reciclamiento de competencias, la posibilidad de
una segunda o tercera formación, o simplemente la actualización de conocimientos
están a la orden del día y abren un escenario para pensar la universidad más que
como una etapa del ciclo de vida, como una instancia abierta a la demanda en
diferentes puntos de la trayectoria laboral del sujeto.
A medida en que la oferta universitaria se abre a grupos de población
integrados por jóvenes, adultos e incluso adultos mayores, se generan retos de
todo tipo: en los modelos de enseñanza y evaluación, en los estilos de
interacción entre profesores y estudiantes, en las formas de gobierno y gestión
administrativa, y en los servicios escolares, entre otros aspectos. La
transición de la universidad de los jóvenes a la universidad abierta a un
público más amplio y diverso obliga, naturalmente, a desarrollar ajustes
institucionales que brinden respuesta a retos como los apuntados.
Hay que decir que no en todos los países se vive el mismo fenómeno de
transición. En México el ciclo es todavía temprano, lo que quiere decir que al
menos en la presente década continuará creciendo aceleradamente la demanda de
estudios superiores y debería ser prioridad concentrarse en este problema antes
que alinearse a los modelos de ciclo largo (licenciatura más postgrado) o de
formación permanente a gran escala que ya se experimentan en otras partes del
mundo. Pero la anticipación de estos desafíos puede marcar una dinámica de
renovación sin duda relevante.
El desafío de la empleabilidad
Históricamente la universidad ha recogido la demanda social de preparación de
las nuevas generaciones hacia el mundo del trabajo profesional. En la realidad
del presente se vive, en todo el mundo, una especie de saturación de esa
posibilidad y un quiebre de las expectativas sociales al respecto.
Como tal, el
título profesional ya no garantiza, prácticamente en ningún sitio, una
colocación segura ni la permanencia en un puesto de trabajo con actividades y
remuneraciones adecuadas a la preparación. Así las cosas, el mecanismo emergente
de solución ha consistido en la renovación de la pauta de segmentación social
del sistema, en función de la calidad (real o pretendida) de las instituciones y
programas que lo integran. Los métodos de “ranking”, los exámenes generales de
egreso, y los diplomas suplementarios al título se establecen como
procedimientos para que los potenciales empleadores puedan seleccionar a los
candidatos más adecuados al puesto ofrecido.
Pero aumentar la información que genera el sistema no es suficiente. Al
contrario, da lugar a nuevos mecanismos de discriminación que, a menudo,
transitan por las mismas vías de la segregación social de las oportunidades.
¿Cómo entonces enfrentar el problema de la empleabilidad de los egresados
universitarios? En primer lugar, reconociendo que es un problema social de
primera importancia que amerita la consideración pública y el desarrollo de
políticas de Estado al respecto. En segundo lugar, estableciendo nuevos
dispositivos académicos que ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades
para aprovechar las diferentes posibilidades de inserción en el sector laboral
de las profesiones. En tercer lugar, estableciendo programas de observación
puntual de la dinámica del mercado profesional tales que brinden información no
sólo al sector de empleadores sino, principalmente, a la demanda laboral, es
decir a los egresados universitarios y a la propia universidad para adecuar su
propia oferta de estudios y formaciones.
Soluciones de este tipo se están experimentando en varios países,
principalmente en las economías más desarrolladas, aunque, conviene hacerlo
notar, los problemas y dilemas de la empleabilidad de los graduados
universitarios prevalecen como procupación capital en las agendas de cambio
universitario y se reconocen como uno de los retos centrales, quizás el
principal, para la transformación de los sistemas universitarios de cara al
porvenir. Aunque no está a la vista una suerte de solución definitiva a la
problemática, es previsible que la problemática de la empleabilidad predomine al
centro del debate universitario, y que las soluciones que se experimenten
establezcan dinámicas de cambio que den forma a la universidad del futuro.
La universidad como mercado de trabajo
En sí misma, la universidad es un ámbito laboral en el cual desempeñan
actividades especializadas –docencia, investigación, difusión y sus
combinaciones- un grupo específico: los académicos. En México, al igual que en
otras partes del mundo, comienza a vivirse el problema del envejecimiento del
plantel académico y la dificultad de renovar el segmento correspondiente. Aunque
el tema de las pensiones y condiciones de jubilación aparece como el aspecto más
apremiante del problema, no es el único. Quizás el ángulo más interesante de la
discusión surge de la pregunta ¿Cómo aprovechar productivamente la experiencia
de un grupo de profesionales altamente especializado, que ha entregado a la
universidad el fruto de su formación y de su proceso de creación y transmisión
de conocimientos?
Antes que un ángulo romántico de respuesta -que seguramente recaería en la
necesidad de establecer sistemas de premio y reconocimiento a la población
académica de más edad y de trayectoria relevante- lo que se busca resolver tiene
que ver con la necesidad de todo sistema de producción basado en la creatividad
de aprovechar experiencia acumulada con fines de eficiencia y eficacia en la
toma de decisiones y en la operación de procesos.
Así colocada la discusión, el tema que se apunta guarda relación con los
mecanismos de adscripción de la planta académica y con los mecanismos
interinstitucionales de movilidad. En México, hasta la fecha y a diferencia de
lo que ocurre en otras realidades, el académico contratado por una universidad
determinada, tiene muy pocas posibilidades de moverse entre instituciones a
menos que esté dispuesto a aceptar los riesgos de una nueva contratación.
Mientras mayor la edad de los académicos, menores sus posibilidades de
movilidad, menores las opciones de aprovechamiento de su experiencia, y menores
al cabo las posibilidades de solución al problema del envejecimiento de la
planta. Para romper el círculo vicioso es necesario idear nuevos esquemas de
movilidad que, sin restar derechos adquiridos en la institución de origen,
permitan a los maduros desplazarse entre instituciones y, por ejemplo, ofrecer a
las universidades más jóvenes el futro de su trayectoria y el valor de sus
contactos académicos.
Universidad pública autónoma ¿al servicio de la sociedad o al servicio del
Estado?
Históricamente, la autonomía universitaria ha brindado a las instituciones de
este nivel la posibilidad de desarrollar sus funciones académicas con base en
criterios de libertad de cátedra e investigación, al margen o fuera de
decisiones coyunturales de política pública. Esta situación ha cambiado con la
progresiva ingerencia del Estado en la toma de decisiones sobre el perfil del
académico universitario, la determinación de modelos de desarrollo académico, y
la insistencia en orientar bajo determinado patrón la oferta de licenciaturas y
postgrados.
Fuera de la cuestión de si los recursos aportados por los gobiernos para el
fortalecimiento de las universidades públicas y la mejora de sus sistemas de
gestión académica las ha beneficiado, sobresale la pregunta acerca de la
capacidad de las universidades autónomas para determinar sus propios modelos
académicos, el perfil de su plantel, y las orientaciones de sus prácticas de
investigación y de sus programas curriculares.
Está claro que el Estado facilita una forma y un modelo de coordinación de
las autonomías universitarias pero ¿es la única posibilidad? En otros países se
han seguido opciones diferentes que valdría la pena considerar. Por ejemplo, la
operación de consejos de educación superior de nivel regional y nacional, que
marcan las prioridades universitarias considerando los intereses representados
en dichos consejos. Otro ejemplo, el papel que desempeñan los consejos de
rectores o los gremios profesionales en la modulación de tales prioridades.
Sin duda alguna, si se acepta el valor académico de la autonomía, hoy resulta
necesario deliberar, debatir y decidir en torno al dilema: la universidad
pública y autónoma del futuro ¿debe ser coordinada por una entidad
gubernamental, o debe ser coordinada por una instancia social a su vez autónoma
del Estado?
Una solución de esta naturaleza es eminentemente política y, como tal, no
asegura la solución del tema financiero en las universidades públicas. Sin
embargo abre perspectivas también en ese terreno. Si se establecen consejos
regionales con una adecuada representación social, y un consejo nacional también
con una adecuada representación social, entonces estos organismos pueden operar
como enlace en la definición de montos y distribuciones de los presupuestos para
las instituciones. A la fecha el esquema se reduce a la interacción entre los
rectores, su representación colectiva y las instancias del Estado que deciden la
distribución de los recursos. Ese es un esquema insuficiente e indudablemente
vale la pena explorar alternativas.