El pasado lunes 14 de febrero el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció
la firma de un decreto “para que las personas físicas puedan deducir el pago de
las colegiaturas de preescolar, de primaria, secundaria y educación media
superior de su correspondiente Impuesto Sobre la Renta”. El discurso del jefe
del Ejecutivo aclara que la aplicación de la medida se llevará a cabo en el
momento de presentar la declaración anual correspondiente a 2011, lo que
significa que el impacto fiscal correspondiente tendrá lugar hasta el año que
entra, por cierto el último del actual gobierno.
Como era de esperarse, la medida ha sido aplaudida por unos y cuestionada por
otros. El primer grupo es encabezado por los organismos empresariales
(fundamentalmente Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial), por
asociaciones de padres de familia del sector privado (la Unión Nacional de
Padres de Familia) y, desde luego, por los legisladores del PAN. Entre los
críticos se cuentan la mayor parte de los especialistas en temas educativos, los
partidos de oposición, particularmente el PRD, y varios líderes de opinión,
destacadamente el rector de la Universidad Nacional.
La postura favorable hace notar que la medida contribuirá a que un sector de
la población, el que paga impuestos, los declara y tiene a sus hijos en escuelas
privadas, resultará beneficiado. Además, se insiste, la deducibilidad será un
incentivo para que la iniciativa privada participe con mayor presencia y
seguridad financiera en el ámbito educativo. La postura crítica cuestiona, en
esencia, el uso de recursos públicos para favorecer al sector privado en un
área, la educativa, con carencias de calidad, infraestructura y recursos humanos
evidentemente limitados.
Más que llamativa, en este contexto, ha sido la postura adoptada por la
dirgencia del SNTE. En un comunicado suscrito por la propia Elba Esther
Gordillo, publicado en el portal del sindicato el mismo día del anuncio
presidencial, se indica: “ante la dura realidad que experimentan millones de
mexicanas y mexicanos: el agobio de la inseguridad, la carencia de empleos y la
sensible pérdida del poder adquisitivo del salario, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación entiende que esta decisión puede coadyuvar a
mejorar la situación económica de un segmento de nuestra sociedad”.
¿Qué lectura política puede hacerse del pronunciamiento sindical? Básicamente
que la propuesta de deducibilidad fiscal no afecta el compromiso del gobierno
federal con el gremio magisterial. Es decir, que la alianza vive y respira, por
más que el Ejecutivo brinde apoyo a otros actores del campo educativo, como es
evidentemente el caso del sector privado.
Uno de los ángulos del tema que pueden dificultar, aunque no necesariamente
impedir, la eventual aplicación de la reforma radica en el terreno
parlamentario. Aunque es atribución de la Presidencia decretar reformas de ley,
quizá hubiera sido deseable, para alcanzar un grado de consenso satisfactorio,
someter la iniciativa a las Cámaras, por ejemplo en el debate sobre la próxima
Ley de Ingresos de la Federación. No se hizo así, y por ello no extrañan los
señalamientos sobre el carácter electorero de la medida.
Por otra parte, el discurso presidencial en que se anuncia la deducibilidad
de las colegiaturas en los tipos y niveles educativos de preescolar a media
superior, añadió una posible opción a futuro. Señaló al respecto el presidente
Calderón: “en cuanto a la educación superior, en fecha próxima anunciaré también
un programa de crédito escolar que fortalecerá los actuales esquemas de
financiamiento y de becas para estudiantes de ese nivel educativo”.
Sobre este último punto conviene traer a cuento un antecedente. En 1998 el
Banco Mundial aprobó un proyecto enfocado al financiamiento de la educación
superior privada en México. Se contrataron dos créditos, uno para financiar la
Sociedad de Fomento a la Educación Superior (Sofes), establecida en 1996 por un
consorcio de cuarenta IES agrupadas en la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), y el segundo para la creación del
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (ICEES). El crédito para la
Sofes (por 180 millones de dólares) contó con el aval del gobierno federal por
medio de Banobras, y el correspondiente al ICEES (1.5 millones de dólares) con
apoyo del gobierno de la entidad. Ambos créditos fueron finiquitados en 2006.
En más de una década de operación, Sofes ha alcanzado un umbral de cobertura
en torno de 30 mil estudiantes acreditados. A pesar de que el número de créditos
solicitados y otorgados muestra una tendencia de incremento gradual y sostenido,
lo cierto es que el segmento de usuarios de esta fórmula es apenas una fracción
de la demanda potencial. Los estudiantes con acceso al crédito Sofes representan
sólo 3 por ciento de la matrícula privada de educación superior y en torno de 15
por ciento de la matrícula de las universidades asociadas.
El informe del Banco Mundial que reporta la trayectoria del proyecto señala,
por un lado, que Sofes ha tenido un desempeño satisfactorio en el cumplimiento
de sus objetivos y en la satisfacción de sus obligaciones ante el organismo
financiero multilateral. Pero también identifica y subraya las limitaciones de
crecimiento que se enfrentan. Dice al respecto: “la continuidad de Sofes es
promisoria pero difícil (…) La SEP podría desempeñar un papel en el proyecto,
facilitando recursos públicos adicionales para asegurar su sustentabilidad
financiera, dado que, según la experiencia del Banco Mundial, ningún proyecto de
crédito educativo a gran escala ha logrado desarrollarse sin el soporte público
requerido” (World Bank, Implementation, completion and results on a loan in the
amount of 180.2 million to Banobras with the guarantee of the United Mexican
States for a higher education financing project, 2007, pp. 20-21).
¿Cuál es entonces el proyecto de la Presidencia? ¿Apoyar la Sofes para que
ésta cuente con una renovada perspectiva de crecimiento? ¿Crear un nuevo
mecanismo? ¿Abrir paso a los vouchers?