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26 de mayo de 2011

¿Nuevos rumbos para la educación superior chilena?

El pasado 21 de mayo el presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, primer político de derecha electo democráticamente desde el fin del régimen militar, presentó su segundo informe ante el Congreso Nacional y tituló su mensaje político “Construyendo una sociedad de seguridades, oportunidades y valores.” Como en ese país el periodo presidencial dura cuatro años, sin opción a reelección consecutiva, el segundo informe asume un significado particular, es interpretado como un balance realista de las posibilidades y límites de la propuesta gubernamental.

En el discurso de Piñera sobresale el señalamiento de logros económicos en el marco de la política y estrategias de recuperación. Se hace notar que el país, además de sufrir severamente las consecuencias de la recesión económica mundial, debió enfrentar las secuelas del terrible sismo de febrero de 2010.

Al respecto se menciona que las políticas económicas implementadas para recuperar los niveles de crecimiento y empleo han sido exitosas, pues los principales datos macroeconómicos muestran signos de recuperación: “Chile está creciendo en torno a 7 por ciento anual, el ritmo más alto de los últimos quince años”, dato al cual se añaden indicadores positivos en materia de productividad, volumen de exportaciones y consumo privado.

En materia de empleo se recuerda que la meta gubernamental fue crear en el periodo 2010-2014 un millón de empleos. Se reporta que, en los primeros dos años de la administración, se generaron 487 mil plazas laborales, al tiempo que las remuneraciones personales crecieron más de 6 por ciento, ligeramente por encima de la inflación.

Con todo, indica el informe, el principal reto en el horizonte es de carácter social. Al respecto, el discurso se enfoca sobre el significado de una sociedad de “seguridades y oportunidades”. Según la Presidencia, “una sociedad de seguridades significa una vida digna para todos los chilenos y chilenas y atenuar los temores que nos oprimen. Para ello necesitamos una red de protección fuerte y siempre disponible para acogerlos. Pero no una telaraña que los atrape en una dependencia permanente”.

Asimismo, “una sociedad de oportunidades significa que todos los chilenos tengamos la posibilidad de realizarnos como personas y desarrollar en plenitud los talentos que Dios nos dio. Para ello debemos mejorar la educación, crear empleos y potenciar las fuerzas de la innovación y el emprendimiento”.

Así enfocado el núcleo de la política social, el tema educativo figura como prioritario en la agenda gubernamental. En ese marco, se informan los principales logros en materia de cobertura y calidad de la educación básica y la media. No sólo se ha alcanzado cobertura prácticamente universal de primaria al bachillerato, sino que se advierten signos de mejora de calidad a partir de los resultados obtenidos en pruebas extranjeras (como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, por sus siglas en inglés) en el sistema nacional de evaluación. En ese punto del balance, el informe plantea: “¿cuáles son nuestros próximos desafíos? Tal como hicimos la reforma a la educación básica y media, llegó la hora de la educación superior y preescolar”.

Referente a la educación superior se informa que por primera vez se ha superado el millón de estudiantes, cifra que representa un nivel de cobertura equivalente a dos terceras partes del grupo de edad relevante, lo que es más del doble que en México o Brasil. Además, se añade en el discurso, del millón de universitarios, 700 mil pertenecen a la primera generación de familias que accede a este nivel y 560 mil son beneficiarios de becas o créditos apoyados por el Estado.

¿Qué propone la reforma? Básicamente crear una subsecretaría de educación superior, afianzar la autonomía y “perfeccionar los mecanismos de financiamiento estudiantil (para) reprogramar los 100 mil deudores morosos del Fondo Solidario”. También se plantea modificar el esquema de Aporte Fiscal Indirecto y modificar el criterio de admisión basado exclusivamente en la PSU (Prueba de Selección Universitaria), “incentivando que las universidades atraigan también a los mejores alumnos de colegios municipales y particulares según el ranking de su curso”.

Ante este anuncio, la reacción de las fuerzas opositoras, de especialistas y en general de las comunidades universitarias, ha sido bastante crítica. Fundamentalmente se cuestiona a la Presidencia de evadir el tema central de la problemática universitaria chilena: la muy escasa aportación fiscal al sector, así como los límites estructurales que el modelo de voucher escolar y el sistema de becas crédito adolecen.

Al respecto, José Joaquín Brunner es contundente: “además de no existir ningún compromiso serio con la necesidad de aumentar sustancialmente el gasto público en este sector (que hoy es de los diez más bajos del mundo), no hubo propuestas para una verdadera reingeniería del actual esquema. No hay indicación alguna sobre cómo se modificará el aporte fiscal directo (AFD), transformándolo en un instrumento de conducción estatal y de mejoramiento del desempeño de las instituciones favorecidas. Nada hubo en el mensaje —en la dirección esperada— de reorganizar los esquemas de ayuda estudiantil, fusionando dos esquemas de créditos que separadamente funcionan mal y discriminan a los jóvenes chilenos. La idea de cambiar el AFI por un voucher más parece un guiño ideológico a los puristas neoliberales del gobierno que una medida realista de fortalecimiento de la equidad del sistema” (“Mi opinión frente a las medidas presidenciales del 21 de mayo 2011 para la educación superior”).

Lo que la posición crítica señala es que con “más de lo mismo” difícilmente se pueden remontar los niveles de cobertura, calidad y posibilidades de inserción laboral de los egresados. En ese sentido, la reforma, según varios especialistas, es sólo paliativa de algunos síntomas críticos, pero no toca los problemas de fondo ni ofrece una perspectiva de largo aliento. Es de esperarse, en tal contexto, que se avive un debate pendiente en el seno del Congreso y que la Presidencia tome posición frente a los principales cuestionamientos.

Habrá que estar pendientes de este debate porque varios de sus temas (crecimiento, acceso, financiamiento, calidad) nos tocan muy de cerca en el presente y, desde luego, en el futuro más próximo.

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