Con el propósito de explorar las relaciones entre el Estado y los
particulares en el terreno de la educación superior, iniciamos desde la anterior
entrega un recorrido histórico que busca acotar las distintas modalidades y
vertientes mediante las cuales la autoridad educativa ha facultado a la
iniciativa privada para desarrollar proyectos en ese campo.
La hipótesis que
guía este ejercicio postula que uno de los factores relevantes para explicar la
presencia de las denominadas escuelas patito, tanto como su proliferación en los
años recientes, radica en la inoperancia de reglas de
supervisión y control sobre los proveedores.
Antes de que concluyera la primera mitad del siglo pasado ya se habían
perfilado las tres principales vías de autorización para la creación de
instituciones de educación superior (IES) privadas: los decretos de creación de
escuelas libres, obsequiados por el Ejecutivo federal o los gobernadores de
los estados, la fórmula de incorporación de las universidades particulares a
la Universidad Nacional, modelo más tarde sería seguido por el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y otras universidades públicas, y la solución del
reconocimiento de validez oficial a través de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
Conviene tomar en cuenta, no obstante, que el desarrollo del segmento
universitario privado siguió una dinámica más bien gradual. Hacia 1970 el número
de universidades privadas llegaba acaso a quince establecimientos: la Autónoma
de Guadalajara (1935), la de las Américas (Puebla, 1940), la Motolinía del
Pedregal (DF, 1943), el Tecnológico de Monterrey (1943), el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (DF, 1946), la Iberoamericana (DF, 1954), el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Guadalajara, 1957),
la Universidad La Salle (DF, 1962), la Universidad Tecnológica (DF, 1966), la
Panamericana (DF, 1967), la Anáhuac (DF, 1968), la Del Valle de México (DF,
1968), la Cristóbal Colón (Veracruz, 1969), la Universidad de Monterrey (1969) y
la Regiomontana (Monterrey, 1969).
Varias de las universidades enlistadas,
aunque no la totalidad, se habían creado previamente con el nombre de escuelas,
colegios o institutos. Existían, además, un número de escuelas libres en la
capital de la República y los estados y algunas escuelas privadas con oferta de
estudios superiores, todavía lejos de la pretensión de autodenominarse
universidades.
La universidad privada no surge con la idea de aliviar presiones de la
demanda de estudios superiores. Se origina primero como una opción ideológica e
inmediatamente como una alternativa de prestigio social. Entrados los años
setenta, la cuota de matrícula representada por el segmento privado no superaba
10 por ciento de la inscripción total. Las cosas pronto habrían de cambiar,
aunque esta vez al ritmo de la expansión de la demanda.
Sólo en los años setenta se fundaron aproximadamente veinticinco nuevas
universidades particulares. Esto es, un número superior al registrado en el
lapso de 1935 a 1969. La mayoría de éstas fueron establecidas en el interior del
país, ya sea en las capitales de los estados o bien en las ciudades más
pobladas.
En los años ochenta se agrega al sistema universitario privado medio centenar
de instituciones y da inicio un nuevo proceso: la creación de sedes foráneas y
campus descentralizados. Este patrón, originalmente acuñado por el Tecnológico
de Monterrey, sería posteriormente seguido por otras universidades, hasta crear
auténticos sistemas descentralizados e, incluso, modelos asimilables a la forma
franquicia.
En los años noventa, la expansión del sector universitario en manos de
particulares cobra otra dimensión. Considerando exclusivamente los
establecimientos que se anuncian como universidades, el número de nuevas
instituciones creadas en el periodo supera holgadamente la centena, otro tanto
se habría de añadir en el periodo de 2000 a 2007. En la actualidad, más de 30
por ciento de la matrícula de licenciatura y cerca de la mitad de la población
escolar de posgrado cursa estudios en IES particulares.
Entonces, ¿cuántas universidades privadas hay en México? Hasta ese dato
simple y elemental es difícil fijar con precisión. Si se cuentan únicamente las
instituciones que llevan el nombre de universidad, el número se acerca a
cuatrocientas instituciones, como se puede constatar, por ejemplo, en los
Anuarios Estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES). Si se agregan las unidades descentralizadas en
ciudades diferentes del campus central, así como el resto de las IES privadas
que no se reconocen propiamente como universidades, el total supera fácilmente
el millar. Pero, ¿cuántas exactamente? Quién sabe.
Como la propia SEP ha
reconocido en varias oportunidades, la inexistencia de un censo nacional de
instituciones de nivel medio superior y superior es uno de los elementos que
explica la dinámica de las escuelas patito. Un censo de este tipo no sería mayor
problema si el registro de los establecimientos educativos de este nivel
coincidiera plenamente con las unidades de observación de los Censos Económicos
a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Pero la diversidad de las formas de propiedad y control sobre los
establecimientos que forman parte del sistema educativo privado dificulta
incluso tal opción. En el terreno de los hechos, esta situación es parte del
problema, como veremos más adelante.