Se cumple una década de la huelga de estudiantes que mantuvo suspendidas las
actividades académicas en la UNAM por casi un año, del 20 de abril de 1999 al 6
de febrero de 2000. Se recordará que ese movimiento se derivó de la reforma al
reglamento de cuotas escolares, que la inflexibilidad de las autoridades
universitarias y del gobierno federal ante la oposición estudiantil obstaculizó
una solución cuando era factible evitar el desbordamiento del conflicto, y que,
al cabo, todos los actores del entorno universitario salieron perdiendo.
Han transcurrido diez años. La UNAM logró recuperar el paso académico,
reponer el prestigio lesionado, y aprender algunas lecciones. Principalmente que
el tema de las cuotas y colegiaturas estudiantiles es un asunto muy delicado.
Aunque el proceso de la huelga ha sido estudiado desde varios ángulos, quizás
se ha prestado escasa atención al contexto de restricción del subsidio
gubernamental a las universidades que antecedió a la decisión de la rectoría de
la UNAM en el sentido de elevar las cuotas escolares.
Uno de los efectos de los tristemente célebres “errores de diciembre” fue que
a partir de 1994 el gasto fiscal destinado a programas sociales, entre estos la
educación pública, observó una tendencia decreciente en términos reales. Las
universidades públicas fueron, en los años de 1994 a 1996, severamente
castigadas por las políticas de austeridad implantadas en la presidencia de
Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000).
Al final de su periodo de gobierno, el mandatario propuso una interpretación
francamente contraria a los datos. En la ceremonia del “Día del Politécnico” (30
de mayo de 2000), el presidente Zedillo señaló: “Contra lo que algunos afirman
falsamente, hoy vuelvo a afirmar categóricamente que una prioridad fundamental
de este gobierno ha sido la educación superior (…) En este sexenio el subsidio
federal al conjunto de la educación superior pública ha crecido 35 por ciento en
términos reales Esas mismas personas han llegado al extremo de afirmar que el
conflicto de la UNAM fue causado por la disminución del subsidio que le otorga
el Gobierno a esa muy apreciada Institución.”
Medido en pesos constantes de 1993, el presupuesto federal para educación
superior tuvo el siguiente comportamiento: En 1994, último año de la
administración de Carlos Salinas de Gortari, el presupuesto ascendió a 8 mil
593.6 millones de pesos; en 1995 fue de 7 mil 232 millones, en 1996 de 7 mil 31
millones y en 1996 de 7 mil 13 millones. A partir de 1997 la tendencia
descendente se invierte, se logra alguna recuperación y el gasto aprobado para
1999 ascendió a 7 mil 212 millones de pesos y el de 2000 a casi 9 mil millones
de pesos. Si se toman en cuenta sólo los datos de 1995 y 2000, entonces la
afirmación de Zedillo sería plausible, pero la serie completa da cuenta de una
pronunciada disminución del gasto en prácticamente todo el sexenio.
En tal contexto recesivo varias universidades públicas buscaron paliar los
efectos de la crisis mediante la diversificación de ingresos, incluida la
elevación de las cuotas escolares. Justamente eso fue lo que intentó, en su
propia circunstancia, el rector Francisco Barnés de Castro, que iniciara su
breve periodo al frente de la institución el 6 de enero de 1997.
En la Memoria UNAM de 1998 se consignan las dificultades financieras de la
institución: “En 1998 (se) vivió un año de fuertes restricciones financieras. El
presupuesto de egresos de ese año, aprobado por el Consejo Universitario, fue de
8 mil 39 millones de pesos, que significaron un incremento de 24 por ciento
respecto de 1997. El 90 por ciento del presupuesto lo constituyó el subsidio del
gobierno federal, 3 por ciento los fondos del programa UNAM-BID y 7 por ciento
los ingresos propios de la institución”. Hoy pudiera entenderse que un
incremento de 24 por ciento sería de consideración, tómese en cuenta, sin
embargo, que para ese año la negociación salarial de la UNAM fue pactada en 20
por ciento.
Por otra parte, continúa la Memoria, “la universidad experimentó un recorte
de 175 millones de pesos en el subsidio federal como consecuencia de la caída de
los precios del petróleo”. Después de enunciado el problema, el texto del rector
concluye: “ya en otras ocasiones lo hemos expresado con claridad: deseamos
contar con más recursos económicos provenientes de diversas fuentes —gobierno
federal, egresados, sectores productivos, alumnos—, para hacer realidad el ideal
de una educación de excelencia para todos.”
A principios de 1999 el rector Barnés circuló una primera propuesta de
aumento de cuotas. En esta se anticipaba incrementar la colegiatura anual en
bachillerato a mil 360 pesos y en licenciatura a 2 mil 40 pesos, lo que
representaba 30 y 20 salarios mínimos respectivamente. Al cabo la propuesta
disminuyó a 20 y 15 salarios mínimos, con la aclaración de que esos montos
serían crecientes al quedar indexados al indicador de salario mínimo vigente en
el Distrito Federal. La propuesta fue finalmente aprobada por el Consejo
Universitario detonando las condiciones para la huelga. El resto es historia
conocida.