El segundo año del periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa inició el
primero de diciembre de 2007. Sin embargo, para todos los efectos prácticos, es
enero de 2008 la fecha que puede considerarse como línea de salida de este año
crucial en el sexenio. ¿Por qué crucial? Para comenzar, porque las políticas
públicas a ser implementadas cuentan ya con la guía del Plan Nacional de
Desarrollo, concluido a mediados de 2007, y con los programas sectoriales que
definen los propósitos generales, objetivos y metas del Ejecutivo federal en las
áreas de la administración pública centralizada.
En educación superior, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012,
publicado en noviembre del año pasado, indica un amplio repertorio de
estrategias y líneas de acción para alcanzar los indicadores y metas que el
propio instrumento de planeación determina. El comentario puntual a las
propuestas del PSE requiere su propio espacio, por ahora baste señalar que, en
términos generales, el programa, además de anticipar la continuidad y
profundización de las líneas de política educativa fijadas en los últimos
sexenios, enfatiza la necesidad de mejorar los instrumentos de planeación y
coordinación, extender y sistematizar los esquemas de evaluación, ampliar los
instrumentos enfocados a la equidad de acceso y permanencia en el sistema,
intensificar el uso de tecnologías de enseñanza, e incrementar la participación
social en la gestión educativa.
Aunque los objetivos, estrategias y líneas acción del PSE están fraseados de
otra manera, mucho más no encontrará el lector al hojear el documento
correspondiente. Con todo, algunas de las metas establecidas dan idea de las
opciones que la SEP está dispuesta a apoyar en los próximos años. Veamos sólo
algunos ejemplos.
En materia de fortalecimiento docente se sugiere dar continuidad al programa
de mejoramiento del profesorado (Promep) y extender su operación a todos los
subsistemas de educación superior, adecuándolo a las características y
circunstancias particulares de cada uno. (PSE, pág. 27). A través de ello, se
indica, se lograría pasar de 56.4 a 72 por ciento de profesores de tiempo
completo con posgrado (ídem, pág. 5).
El programa sectorial apunta también metas cuantitativas en materia de
cobertura y eficiencia terminal. Sobre la primera propone transitar del actual
24.3 por ciento a 30 por ciento en 2012, así como pasar de 15 a 18 el número de
entidades federativas con cobertura de educación superior de menos de 25 por
ciento (PSE, pág. 17). En materia de eficiencia terminal la meta consiste en
alcanzar un nivel de 70 por ciento en 2012, lo que representa más de siete
puntos sobre el indicador actual de 62.9 por ciento (PSE, pág. 16).
Mejorar simultáneamente cobertura y eficiencia no es sencillo porque ambos
indicadores están interrelacionadas: al aumentar el primer ingreso ciertamente
mejora la cobertura, pero decae la eficiencia terminal, ya que ésta expresa la
proporción de egresados sobre el primer ingreso. La única solución a mano para
resolver el problema consiste en incrementar drásticamente la retención escolar,
puesto que la población de reingreso hace parte de la matrícula y, por lo tanto,
engrosa el volumen de cobertura al tiempo que posibilita contar con más
egresados cada año.
La propuesta para ampliar el acceso y evitar la deserción escolar consiste,
básicamente, en multiplicar el número de becas para los estudiantes de menos
recursos. La meta del programa indica el objetivo de pasar de un promedio de 161
mil 787 a 400 mil becas por año, tratándose, en ambos casos, de la suma de
nuevas becas y el refrendo de otorgadas. Estos apoyos estarían destinados, se
aclara en el PSE, a los estudiantes cuyo ingreso familiar se ubica en los
primeros cuatro deciles (PSE, pág. 17). Ello implica, en primer lugar, proseguir
y ampliar el programa nacional de becas para educación superior (Pronabes)
instituido el sexenio anterior, así como articularlo con las becas del Programa
Oportunidades.
En segundo lugar, el PSE incluye la propuesta de promover la operación de
esquemas de crédito educativo dirigidos a los estudiantes que requieran
financiamiento para realizar sus estudios en instituciones públicas o
particulares de educación superior (PSE, pág. 34). Este mecanismo, sugerido por
el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
para México, y también alentado por la iniciativa privada, ha sido fuertemente
debatido cuando se ha abierto a la discusión. Por ello, sus posibilidades de
implantación dependerán, cuando menos en parte, de la capacidad de la SEP para
conciliar puntos de vista en principio encontrados.
En materia de planeación y coordinación el PSE perfila un esquema más bien
complejo, consistente en: a) la creación del Consejo Nacional para la Planeación
y Coordinación de la Educación Superior (Conapces); b) el fortalecimiento de las
Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES); c) la
creación de una instancia federal de enlace y coordinación con las COEPES; d) el
establecimiento de comisiones de planeación en las principales zonas
metropolitanas del país (PSE, pág. 54) y, e) la reforma de la Ley para la
Coordinación de la Educación Superior.
En el PSE está reconocido, pero no resuelto, el dilema principal que
confronta la política de educación superior del país: centralismo o federalismo.
La respuesta adoptada fortalecer los órganos estatales pero mantener en
operación los programas federales, con todo y su visión centralista no parece
del todo satisfactoria. Volveremos a ello próximamente.