La Universidad de York, con sede en Toronto, es una de las principales
universidades públicas canadienses. Con más de 50 mil estudiantes y una planta
académica de aproximadamente 2 mil 500 profesores-investigadores de tiempo
completo, se ubica en la tercera posición por su tamaño y entre las primeras
diez por su reputación académica.
La universidad cuenta con dos campus en la
ciudad, Glendon y Keele, y el Centro de Desarrollo Profesional de Osgoode. Desde
el 6 de noviembre de 2008 está en huelga, por motivos laborales. Aunque la
negociación sigue en pie, la solución del conflicto pudiera demorar aún.
La organización que planteó la huelga es la Sección 3903 del Sindicato
Canadiense de Empleados Públicos (CUPE-3903), a la cual están afiliados aproximadamente 3 mil 500 académicos por contrato, ayudantes de docencia e
investigación, y estudiantes de posgrado que son ayudantes
académicos en la universidad. La gran mayoría de los miembros del personal
académico de tiempo completo forma parte de otra organización, la York
University Faculty Association (YUFA).
Las demandas de la CUPE-3903 no son exclusivamente salariales. El pliego
petitorio incluye la mejora en las condiciones de contratación y el régimen de
seguridad social de los académicos con contratos temporales. Se añaden
exigencias de los jóvenes académicos o estudiantes que se desempeñan como
ayudantes, por ejemplo, la eliminación del Código de Conducta, que prescribe
para este sector obligaciones de comportamiento diferenciadas del régimen
correspondiente a los académicos de carrera y a los estudiantes, la creación de
una instancia de protección legal contra casos de denuncias (whistleblower
protection). Una demanda central consiste en la actualización e indexación de
los honorarios, becas y otros apoyos económicos recibidos. Se exige que estos
ingresos recuperen el poder adquisitivo que tenían hacia 2005 y que se
establezca un tabulador indexado para los próximos años.
Conviene hacer notar que la CUPE-3903 maneja tres contratos colectivos con la
universidad, uno para cada de los dos campus de Toronto y otro para las
instalaciones de Osgoode. Este factor añade complejidad a la problemática,
porque las condiciones de trabajo no son idénticas. Por ello, una de las
demandas es equiparar los contratos respectivos buscando las mejores ventajas
para el personal afiliado.
La asociación de los académicos de tiempo completo, la YUFA, no participa
formalmente del movimiento de huelga. No se sumó al emplazamiento ni, como tal,
al proceso de negociación desencadenado. No obstante, la posición de este agente
académico-laboral ha sido, hasta el momento, de respeto y, en cierto modo,
respaldo a las decisiones de la CUPE-3903. En un reciente posicionamiento
público, la YUFA declaró que, además de reconocer el derecho de sus colegas para
plantear la suspensión de labores, no influirán en ellos para orientar el
sentido de sus decisiones en el movimiento. También declararon, como un matiz a
esta posición, su preocupación por la duración de la huelga y la necesidad de
reanudar labores en beneficio de los estudiantes afectados.
Rotas en diciembre las negociaciones con las autoridades universitarias, la
eventual solución del conflicto pasó a manos del gobierno. Aunque ocurrieron
varios intentos de mediación, las soluciones ofrecidas no resultaron
satisfactorias para la sección sindical. En consecuencia, el gobierno intentó el
expediente del voto de ratificación forzoso. Con base en la legislación laboral
canadiense (el Acta de Relaciones Laborales de 1995), el ministro de Trabajo se
reserva la atribución de intervenir en el proceso al convocar a una ratificación
de la posición de los trabajadores en lo individual mediante una suerte de
referendo: se obliga a los empleados a votar, libremente y en secreto, para
explorar si la posición personal difiere de la corporativa. Si la suma de los
votos individuales difiere del planteamiento sindical de mantener la huelga,
entonces el gobierno declara la inexistencia.
El 19 de enero se llevó a cabo el procedimiento de ratificación forzosa y el
resultado fue que los trabajadores académicos de las tres subsecciones de la
CUPE-3903 votaron en el sentido de sostener la huelga. En ese momento, el
gobernador de Ontario, premier Dalton McGuinty, anunció que enviaría al Congreso
local una iniciativa para que los legisladores consideren la aprobación de una
medida legal que obligue al retorno de las actividades en la universidad. Esta
opción ha ocasionado un fuerte debate político por el precedente que podría
sentar en futuras negociaciones laborales, no sólo en centros educativos.
Así están las cosas hasta el momento. Los diputados de Ontario tienen en sus
manos la opción de decretar la suspensión de la huelga, pero el costo político
podría ser muy elevado. La negociación en vías laborales todavía puede rendir
frutos, aunque la politización alcanzada por el conflicto quizá entorpezca esta
salida.
Por último, la opinión pública, como puede suponerse, tiende claramente a la
polarización: hay quienes defienden el derecho a la huelga y miran con gran
preocupación los movimientos del gobierno al respecto, y hay quienes quieren
retornar a clases y a trabajar y presionar por una solución inmediata. En fin,
vale la pena seguir la pista a este conflicto universitario, el primero en el
nuevo entorno de la recesión económica. Mucho ojo.