El sistema de universidades de California (UC) es uno de los conglomerados
universitarios de mayor peso e importancia académica en la escala mundial.
Cuenta con más de 215 mil estudiantes en programas de grado y posgrado,
distribuidos en diez universidades públicas de primer nivel. Varias de ellas
(Berkeley, Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, Irvine y Davis) figuran entre
las primeras cincuenta instituciones clasificadas en la lista mundial del
Academic Ranking of World Universities (ARWU). Un total de 56 académicos de este
sistema han merecido el premio Nobel, 24 de ellos de 1995 a la fecha.
A pesar de sus fortalezas académicas y su reconocido impacto científico,
cultural, político y económico en el contexto nacional, en especial para el
estado de California, este sistema universitario atraviesa un momento difícil,
que se deriva de la continuidad y agravamiento de la crisis fiscal que ha
marcado la gestión del gobernador Arnold Schwarzenegger.
En 2008 el sistema sufrió una reducción del subsidio estatal por 800 millones
de dólares. En junio de este año, el gobernador anunció un recorte al
presupuesto del orden de 750 millones de dólares. La medida, aunada al anuncio,
dado a conocer por el órgano directivo de la UC (The Regents of the University
of California), de un incremento en las cuotas escolares para 2010 del treinta y
dos por ciento sobre su monto actual. Ello significaría que, en promedio, la
matrícula anual superaría el umbral de diez mil dólares, aunque en programas de
medicina y posgrados este monto sería ampliamente superado.
En los últimos diez años, los costos de inscripción y colegiaturas en las
universidades del sistema se han incrementado por encima del doscientos por
ciento. Al presente, en el contexto de la recesión económica estadunidense,
nuevos incrementos se aprecian insostenibles para la economía de las clases
medias. También como efecto de la crisis financiera, se ha despedido un número
de empleados administrativos y de servicios, y se ha dejado de contratar
personal académico. Este conjunto de factores ha desencadenado una serie de
protestas y suspensión de actividades, así como una intensa campaña de difusión
del problema y solicitudes de apoyo a la comunidad académica internacional.
A partir de septiembre se han sucedido diversas formas de manifestación y
protesta, en especial de estudiantes inconformes con la situación. La semana
pasada el conflicto pareció arreciar con marchas, mítines y tomas de
instalaciones en las universidades de Los Ángeles, Santa Cruz y Berkeley. La
protesta en Berkeley, el 20 de noviembre, con la ocupación por varias horas del
edificio Wheeler Hall, terminó con la irrupción de la fuerza pública y el
arresto de 40 manifestantes.
Es cierto que el movimiento no ha alcanzado una escala suficiente para
anticipar, por ejemplo, la huelga universitaria. Nadie está conforme con las
medidas, ni siquiera las autoridades universitarias que reiteradamente hacen
notar que el problema radica en las finanzas y en la conducción gubernamental de
California y no en las instituciones. Sin embargo, hasta el momento las
movilizaciones no han logrado articular un movimiento de resistencia
suficientemente sólido como para abrir una ronda de negociaciones al respecto.
Pero, como están las cosas, todo puede pasar.
El conflicto no está resuelto. Las autoridades de la universidad no han dado
marcha atrás en la decisión de incrementar drásticamente las cuotas escolares el
próximo año. Por ello, no sería extraño que en los próximos meses se repitan y
crezcan las expresiones de protesta. Incluso en estos días circula una
iniciativa internacional promovida por un colectivo académico (profesores e
investigadores) de la Universidad de Berkeley denominado SAVE the university.
Esta organización, surgida en julio de este año, se propone la misión de
contribuir a “preservar el acceso a la educación, la excelencia en la enseñanza,
y la transparencia de las decisiones administrativas.” En el marco del actual
conflicto, los académicos de SAVE han circulado una carta para que la firmen
académicos de universidades fuera de Estados Unidos que deseen pronunciarse en
torno al problema. Entre otros enunciados, la carta contiene el siguiente:
“Hacemos una llamado a la administración universitaria de la UC, los
gobernadores y funcionarios electos de California, y los votantes de California
a tomar medidas inmediatas para preservar la identidad pública de la
universidad, incluyendo las tradiciones de la libre facultad de la gobernanza,
en el servicio internacional de académicos y académicas la excelencia.
Hasta ahora, la carta del SAVE ha sido suscrita por cerca de 1,500 profesores
o investigadores de universidades de todo el mundo. Llama la atención
positivamente la solidaridad mostrada por el mundo académico internacional. Los
animadores de esta iniciativa han logrado transmitir que se trata de una forma
de defensa de la universidad pública, interés que seguramente es compartido más
allá de las fronteras estadunidenses. El lector interesado puede consultar esta
carta en la página web de la organización: http://www.saveuc.org/petition.php