No es, sin embargo, la única auditoría que la ASF ha practicado en las instituciones públicas de educación superior (IPES). Según el volumen titulado Informe sobre la fiscalización superior a las instituciones públicas de educación superior 1998-2008, cuya versión electrónica está disponible en la página web de la ASF, el organismo ha llevado a cabo un total de 70 auditorías (la mayoría del tipo “especial”) en cuarenta de las IPES del sistema. Once han sido auditadas más de una ocasión y varios programas administrados por la SEP (fondos para los PIFI, pensiones y ampliación de cobertura) han recibido auditorías.
De las 13 IPES federales existentes, se han auditado nueve: el IPN (en nueve
ocasiones), la UNAM (cuatro), la UAM (tres), la Autónoma de Chapingo (tres), el
Colegio de Posgraduados (dos), la Autónoma Agraria Antonio Narro, la Pedagógica
Nacional, El Colegio de México y El Colegio de la Frontera Sur. Restan por ser
fiscalizadas: El Colegio de la Frontera Norte, la Escuela Nacional de
Bibliotecología y Archivonomía, la ENAH y el CIDE.
De las 34 universidades públicas de los estados (UPES), 31 han sido auditadas
por la ASF. Varias de ellas (Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruzana, Estado de
México y Estado de Hidalgo) en más de una oportunidad. Del grupo sólo restan la
Autónoma de Morelos, la Autónoma de Tlaxcala y la Autónoma del Carmen. También
faltan por ser sometidas a auditoría, pero próximamente se programarán al
efecto, las instituciones del subsistema de universidades públicas de apoyo
solidario (UPEAS).
El criterio de selección seguido por la ASF para programar las auditorías ha
sido el monto de recursos federales fiscales otorgados a cada institución. Por
ello, las primeras se practicaron en las IPES federales y en las estatales de
mayor tamaño. Cabe también apuntar que en 2004 se firmó un convenio entre la ASF
y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia, AC (Amocvies),
creada en el año 2000, al seno de la ANUIES, para apoyar las tareas de
fiscalización de las IPES afiliadas. A partir de entonces la colaboración entre
la ASF y la Amocvies ha facilitado, por una parte, la preparación, programación
y realización de las auditorías y, por otra, socializar entre los órganos de
control y vigilancia de las IPES las normas, criterios y procedimientos para la
debida rendición de cuentas en el marco de la ley.
El Informe… citado no contiene los resultados pormenorizados de las
auditorías practicadas, los cuales están disponibles en la sección de
“auditorías practicadas” del portal de la ASF, sino un balance de conjunto de la
experiencia de diez años de fiscalización en las IPES. Entre otros resultados se
informa que “con la fiscalización, se han formulado 963 observaciones que
generaron mil 337 acciones promovidas, de las cuales las IPES han atendido mil
217 (91.0 por ciento) y quedan pendientes a la fecha de este informe 120 (9.0
por ciento), de las pendientes, 91.7 por ciento corresponden a la Cuenta Pública
2008” (p. 119).
También se concluye que “como resultado de la fiscalización, las IPES han
venido implementando y fortaleciendo sus sistemas de control y supervisión (…)
En cuanto al desempeño, se han establecido acciones que les permiten realizar
una mejor planeación estratégica para dar prioridad a las actividades que
reclaman una mayor atención y definen criterios de planeación que se ajustan a
la realidad de las instituciones, lo que les permite alcanzar sus metas. Para el
ejercicio y registro de los recursos federales, han implantado sistemas de
control y seguimiento que aseguran que sus operaciones se ajustan a la
legislación en materia de adquisiciones, obra pública y servicios personales, y
han fortalecido sus órganos de control y vigilancia” (p. 118).
Las auditorías han detectado fortalezas aunque también debilidades en materia
del sistema de rendición de cuentas vigente en el ámbito universitario. No todas
las fallas, por cierto, se deben a ineficiencias o ineficacias de las IPES. En
el Informe… se señalan múltiples problemas en la administración de recursos a
cargo del Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales. Se hace notar,
asimismo, la complejidad de gestionar simultáneamente recursos que provienen de
fuentes federales, estatales y propias con el requisito de identificar, punto
por punto, el origen y destino del gasto.