Lo que parecía ser una renovación rutinaria del puesto de rector en la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se ha complicado hasta el punto
de rebasar, como fenómeno político, los linderos del campus universitario. Está
previsto que el próximo 6 de diciembre el nuevo rector tome posesión. Hay
tiempo, pero se está agotando y los once notables que integran la Junta de
Gobierno (JG) no han pronunciado una decisión. Una de dos: o al seno de JG no se
ha alcanzado el consenso necesario para definir la conclusión del proceso, o
bien el resultado ya está definido y se aguarda el momento más propicio para
comunicar el resultado.
En la UABC, tal y como ocurre en la mayoría de las universidades autónomas
del país, por cierto no en todas, la JG es la instancia política de mayor peso
en la articulación del gobierno académico. Su función decisoria en las entidades
académicas universitarias puede operar como el elemento aglutinador de las
cadenas de mando académico, o bien ser un factor de balance que previene la
formación de hegemonías o dinastías en el control institucional. Por ello, se
dice, quien controla la Junta controla la universidad.
El modelo es políticamente delicado: la JG elige a las autoridades
unipersonales, quienes forman parte de los consejos universitarios en donde se
toman las decisiones relevantes para la marcha académica de las instituciones.
La pluralidad y legitimidad de las juntas resultan ser, en este esquema, los
elementos cruciales para que la gobernabilidad académica sea el caso. ¿Qué
ocurre cuando las JG son coptadas al extremo de impedir el equilibrio de
intereses académicos?. Generalmente una separación entre autoridades y
comunidades, lo que a la postre tiene efectos negativos en la vitalidad
institucional.
En la coyuntura de la UABC el riesgo de ingobernabilidad no ha estado ni
parece estar presente. Varios colectivos académicos, entre los que destaca, por
su visibilidad pública, el articulado en torno del Observatorio Académico
Universitario (OAU), han manifestado su inconformidad con el proceso sucesorio
básicamente por dos razones.
La primera, que es la principal en el proceso, remite al peso político de uno
de los integrantes de la JG, el ex rector Alejando Mungaray Lagarda. Además de
haber sido rector de la UABC, condición que comparte con otros dos integrantes
de la JG, Mungaray es actualmente secretario de Desarrollo Económico de Baja
California. La Ley Orgánica de la universidad no prohíbe la participación en la
JG de altos funcionarios de la administración pública estatal, ni es un caso
excepcional dentro de la normativa universitaria del resto de los estados. Sin
embargo, insisten los críticos, para una universidad autónoma no es el mejor
escenario. La segunda razón es la opacidad de las deliberaciones y decisiones de
la JG. La comunidad se entera de los resultados del proceso pero no de las
razones que conducen a determinada decisión.
La expresión pública de estos cuestionamientos ha tenido eco en la comunidad
académica de la UABC. Aunque siendo objetivos, la vertiente crítica no es
masiva, ni mucho menos. Pero el principal influjo de esta posición ha ocurrido,
esto es lo novedoso, en el Congreso del Estado. Los legisladores
bajacalifornianos han emitido ya dos puntos de acuerdo sobre la renovación de la
rectoría en la UABC, en ambos casos pronunciándose en contra de la posible
participación del doctor Mungaray en la toma de decisiones de la Junta.
El primer pronunciamiento, emitido el pasado 9 de noviembre con voto de
consenso de la legislatura estatal, se limitaba a la siguiente expresión: “se
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California, a fin de
girar instrucciones a su secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray
Lagarda, para que se abstenga de participar en el proceso de selección del
rector de la Universidad Autónoma de Baja California”. El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán (PAN) se abstuvo de
pronunciarse en torno a ese exhorto, y el aludido integrante de la JG se limitó
a señalar que no renunciaría al colegiado.
El segundo pronunciamiento, aprobado el 16 de noviembre, conmina tanto a la
JG como al rector en funciones a que “por todos los medios universitarios a su
alcance, entre los que se incluye acudir al titular del Poder Ejecutivo estatal,
hagan que el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda, se
abstenga de participar en el proceso de elección de rector de la Universidad
Autónoma de Baja California para el periodo 2010-2014.” El documento solicita a
las autoridades universitarias a “informar a esta soberanía en un plazo de tres
días hábiles, si aceptan de buena fe los exhortos emanados del Pleno del
Congreso del estado, o en su caso, expresen las razones que tengan para no
hacerlo”.
Desde una óptica autonomista es desde luego cuestionable la actitud del
congreso estatal. Formalmente la operación de las JG es un elemento indisociable
de la autonomía universitaria porque hace parte del gobierno institucional, y
mal haría la UABC en ceder a las presiones del legislativo estatal.
Sin embargo, tanto la posición de los académicos críticos, como también la
postura de los legisladores prefiguran una opción: modificar la Ley Orgánica de
la UABC (lo que está en manos del congreso estatal) para que la JG se ciña a
supuestos de mayor autonomía, transparencia y rendición de cuentas. Si esto
consiguen los académicos de la UABC inconformes con la actual fórmula de
gobierno habrán ganado a largo plazo. Aunque mañana pierdan la elección.