La condición de conflicto que prevalece en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México ha abierto nuevos episodios, cuya evolución y desenlace es
todavía de pronóstico reservado. Primero, el pasado viernes 29 de abril se
suspendió la séptima sesión extraordinaria del Consejo Universitario (CU)
convocada para la fecha. La sesión había sido convocada repetidamente desde la
difusión de un conjunto de planteamientos críticos de la doctora María Esther
Orozco, rectora de la UACM, acerca de la problemática académica y política de la
institución (La Jornada, 04/04/2011, y Reforma, 05/04/2011).
Las sesiones del CU de la UACM se inician con la sección de Foro
Universitario, en la cual los miembros de la universidad tienen la prerrogativa
de plantear y discutir, en forma abierta, asuntos que competen a la vida
institucional. En la reunión del 29 de abril dicho segmento fue aprovechado por
estudiantes, profesores y trabajadores para manifestar su inconformidad con la
postura de rectoría. Además, se hizo entrega al CU de un documento respaldado
con más de tres mil firmas que propone la renuncia o remoción de la rectora.
Al iniciar propiamente la sesión del CU, algunos consejeros plantearon dar
entrada a la carta y discutir su contenido. Pero, por no ser un asunto
programado en la orden del día, se decidió no considerarla. En respuesta, 13
consejeros, siete de ellos estudiantes, optaron por retirarse de la sesión
dejando ésta sin el quórum requerido. La reunión se canceló entonces, aunque ya
está programada, para el próximo 11 de mayo, otra sesión extraordinaria en que
se desahogarían los temas en suspenso. Cabe advertir que en la propuesta de
orden del día para esa reunión extraordinaria no se ha incluido la discusión
sobre la permanencia en el cargo de la titular de la UACM.
Al término de la reunión del 29 de abril, la rectora Orozco declaró a la
prensa su voluntad de no renunciar. Dijo al respecto: “mi compromiso fundamental
es con la UACM. No renunciaré, y si se diera el caso de que algún grupo quisiera
obligarme, usaré todos los medios a mi alcance, el consenso, los medios legales.
De aquí me voy en 2014” (MILENIO, 30/04/2011). No carece de interés advertir que
si el CU determinara la remoción de la doctora Orozco, lo que aunque improbable
cabe en el horizonte de las posibilidades, difícilmente prosperaría la
interposición de algún recurso jurídico, precisamente por las facultades
autonómicas de la institución.
Segundo, el pasado 2 de mayo se dio a conocer la propuesta que las Comisiones
unidas de Educación y de Ciencia y Tecnología de la ALDF acordaron para la
realización de una mesa de trabajo con las autoridades de la UACM en que se
convoca a presentar “un informe académico, laboral, financiero-presupuestal, de
gestión y de reformas legales, estatutarias u orgánicas, consideradas necesarias
para UACM.” El acuerdo señala que la cita es el próximo 17 de mayo y que “el
informe se realizará en el marco de las declaraciones que la rectora suscribió y
realizó el pasado 4 de abril” (ALDF, Boletín informativo 307).
La rectora tiene que decidir si acude o no a esa reunión. El punto tiene un
precedente muy importante. Hace poco más de un año el entonces rector Manuel
Pérez Rocha se negó a comparecer ante la ALDF argumentando que el órgano
legislativo carece de facultades para obligar a una comparecencia sin previo
acuerdo de las partes. El rector Pérez Rocha hizo jugar, en esa sola ocasión y
asumiendo los costos políticos de su decisión, la carta de la autonomía. En
mensaje enviado a la ALDF señaló que “la Asamblea Legislativa no tiene
facultades para hacer comparecer al rector de la UACM ni algún otro miembro de
la universidad, mucho menos para hacer un juicio sumario afectado de entrada por
intereses políticos partidistas; en vista de ello, le informo que no iré a la
mesa de trabajo decretada sin base legal por ese cuerpo legislativo” (Manuel
Pérez Rocha, oficio UACM/Rectoría/O-029/10, 12/04/2010).
En esta ocasión, además de solicitar información, el órgano legislativo está
pidiendo explicaciones. Para la Rectoría el dilema radica en si replicar la
postura autonómica sostenida por Pérez Rocha o bien en buscar legitimidad en el
marco del Congreso local mediante la comparecencia. La decisión no es sencilla
porque, a diferencia de otras mesas de trabajo entre la comisión y las
autoridades de la universidad, esta vez se corre el riesgo de tener que ventilar
y discutir las razones de fondo que llevaron a la rectora a cuestionar la
institución que dirige. Ya veremos.
Tercero y último. Ha comenzado a circular el documento “Evaluación del
desempeño académico de la UACM y de los estudiantes de la UACM inscritos de 2001
a 2009 y sus avances a marzo de 2011”, producido por la Rectoría de la
universidad, que se supone es el marco para abrir la discusión colegiada para el
cambio institucional. Aunque en el
texto se sugiere que el diagnóstico toma en cuenta cuatro aspectos (desempeño
académico, desempeño docente, desempeño del personal administrativo y estructura
de la UACM), en realidad sólo se aborda el primero de ellos, es decir, el
desempeño de los estudiantes, el cual es analizado, exclusivamente, mediante dos
indicadores de trayectoria: el índice de permanencia y el de desempeño
académico.
El documento como tal amerita un comentario detenido. Basta señalar por ahora
que el diagnóstico se siente raquítico como para sostener todos los elementos
colocados sobre la mesa de debate. La rueda sigue girando y vale la pena seguir
los acontecimientos.