El pasado 15 de mayo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, anunció una reforma al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que busca dotar al organismo de mayor autonomía con respecto a la autoridad educativa federal. La vía normativa adoptada fue la de un decreto presidencial modificatorio del correspondiente a la creación del INEE, en el cual se determina su personalidad jurídica como “organismo descentralizado, no sectorizado”, lo que implica, en última instancia, que se separa del ámbito administrativo y presupuestario de la Secretaría de Educación Pública.
El mismo día, la profesora Elba Esther Gordillo, presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunció que la fracción legislativa del gremio había iniciado el trámite de una iniciativa de ley para establecer un sistema nacional de evaluación, dar lugar a la renovación del INEE en una perspectiva de autonomía de la SEP y el SNTE y, lo más importante, trascender la exclusividad de evaluación educativa dada a la SEP y las autoridades educativas de los estados, generando en su lugar un mecanismo de coordinación INEE-SEP para la realización de pruebas y la evaluación de resultados.
La semana pasada comentamos en este espacio algunas características de la iniciativa sindical, formulada por los diputados del Partido Nueva Alianza (PANAL). Nos resta en esta serie presentar los trazos destacados del decreto que reforma al INEE publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del presente.
La semana pasada comentamos en este espacio algunas características de la iniciativa sindical, formulada por los diputados del Partido Nueva Alianza (PANAL). Nos resta en esta serie presentar los trazos destacados del decreto que reforma al INEE publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del presente.
Como antecedente al mismo conviene mencionar tres elementos. Primero, que el INEE surgió con la idea de contar con un organismo de evaluación externo a la SEP, perspectiva impulsada por el propio presidente de la República, Vicente Fox Quezada, desde el tiempo de su campaña electoral. Esta posibilidad fue limitada frente al riesgo de sujetar a las fuerzas políticas presentes en el Congreso de la Unión las condiciones de brindar plena autonomía de ley al nuevo organismo. En su lugar se optó por la figura de organismo público descentralizado, pero sectorizado en la SEP. Se definió la relación SEP-INEE en los siguientes términos: “El Instituto colaborará con la SEP en las evaluaciones que ésta deba realizar… (Decreto 2002, artículo 3).
Segundo antecedente. En el curso de la década 2002-2012 se presentaron al Congreso múltiples iniciativas, de todas las fracciones parlamentarias, incluyendo al Partido Acción Nacional, para independizar al INEE de la autoridad educativa federal, y abrir espacio a un modelo de evaluación externa del sistema educativo nacional, sobre todo el correspondiente a la educación obligatoria. Ninguna de las iniciativas prosperó y quedaron en la “congeladora” legislativa.
Segundo antecedente. En el curso de la década 2002-2012 se presentaron al Congreso múltiples iniciativas, de todas las fracciones parlamentarias, incluyendo al Partido Acción Nacional, para independizar al INEE de la autoridad educativa federal, y abrir espacio a un modelo de evaluación externa del sistema educativo nacional, sobre todo el correspondiente a la educación obligatoria. Ninguna de las iniciativas prosperó y quedaron en la “congeladora” legislativa.
Tercer antecedente. La dependencia del INEE de la SEP si bien facilitaba una constante interlocución entre el organismo evaluador y la autoridad educativa, también implicaba diversos problemas, algunos de corte administrativo aunque otros sobre los enfoques de evaluación desarrollados por el Instituto. Por ello, al interior del INEE ha sido permanente la preocupación de encontrar alternativas al diseño institucional original. Hace un par de años se planteó en el Instituto la opción de generar un nuevo marco regulatorio y organizativo para explorar y concretar posibilidades. Para transitar en esta ruta se consultó a especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se presentaron a los órganos colegiados del INEE (Junta de Gobierno y Consejo Técnico y Consejo Consultivo) las recomendaciones emanadas de la consulta.
El proyecto encontró una ventana de oportunidad significativa en la convergencia entre la SEP y SNTE sobre la evaluación universal del desempeño docente, suscrito hace poco más de un año entre la representación gremial y el Ejecutivo Federal. El presidente Calderón, al anunciar la reforma del INEE, dejó en claro que la vía del decreto presidencial no debería ser considerada opuesta a la posibilidad de la autonomía por ley auspiciada por el SNTE sino, en todo caso, la decisión del Ejecutivo de acelerar procesos para obtener resultados.
La reforma del INEE implica, aparte de la desectorización de la SEP, una definición más amplia y precisa de funciones, la recomposición de los órganos colegiados, de gobierno y consultoría, de la institución, así como el planteamiento de una nueva forma de relación con las autoridades educativas.
Entre las nuevas funciones destacan las atribuciones concedidas al INEE de desarrollar indicadores, normas y estándares de evaluación. Esta tarea, a diferencia de la propuesta del SNTE, será enfocada a apoyar la evaluación que realice la SEP, no la reemplaza. Sin embargo, para el desarrollo de instrumentos de evaluación, la aplicación de pruebas y la entrega de resultados, se deberán integrar convenios específicos de colaboración SEP-INEE. De este modo, el presupuesto del Instituto habrá de provenir, en el futuro próximo, de una asignación directa a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación, de los ingresos que se generen a través de los programas de colaboración (ingresos propios), y de otras fuentes.
Para el gobierno del INEE se prevé una Junta Técnica, integrada por cinco personas, una de las cuales será presidente del Instituto. Los integrantes de la junta, cuyo perfil enfatiza cualidades académicas y experiencia en el área, serán designados por el Ejecutivo Federal. También el nombramiento del presidente del Instituto queda como atribución de este poder, aunque se limita a los integrantes en funciones de dicha Junta.
