Francia es uno de los países donde las primeras secuelas de la recesión
económica han dado lugar a una intensa movilización social. El pasado 29 de
enero se dio la convocatoria de los ocho grandes sindicatos nacionales a un paro
general de actividades.
La huelga, si bien no frenó las actividades laborales
por completo, tuvo indudables repercusiones en los sectores de comunicaciones y
transportes, la actividad de las escuelas y los servicios médicos. Más de un
millón de personas, en todas las regiones del país, se manifestaron en contra de
las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Sarkozy para enfrentar la
crisis.
Después de las protestas de finales de enero tocó su turno a la movilización
de universitarios en contra de las últimas reformas gubernamentales en materia
de educación superior. Como se recordará, en el segundo semestre de 2007 el
Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación, encabezado por Valérie
Pécresse, promovió una reforma normativa sobre la administración, gobierno,
gestión y financiamiento de las universidades públicas. La norma correspondiente
fue denominada "Ley número 2007-1199 del 10 de agosto de 2007, relativa a las
libertades y responsabilidades universitarias", y se conoce también como Ley de
Autonomía de las Universidades Francesas.
En su momento (véase Campus 238 a 241) la reforma suscitó varios puntos de
inconformidad en las comunidades universitarias francesas, sobre todo en lo
concerniente a la representatividad de académicos y estudiantes en los cuerpos
colegiados, en torno de las disposiciones sobre la obtención de recursos
suplementarios al subsidio público y, en general, en lo referente al enfoque de
competitividad que encuadra las nuevas reglas del trabajo académico y la
evaluación del desempeño de profesores e investigadores. Esta ley, se señalaba,
tendría el efecto de aproximar el sistema universitario francés a un escenario
de mercantilización, incoherente con los valores y tradiciones de servicio y
responsabilidad pública de estas instituciones.
Al cabo, la resistencia sirvió para matizar varios puntos de la reforma, por
ejemplo, la selectividad de estudiantes en el ciclo de posgrado, y para obligar
a la programación gradual de los cambios en materia de financiamiento y gestión.
Otros aspectos, como la especificación del nuevo régimen de contratación y
obligaciones laborales del personal académico, quedaron pendientes de la emisión
de disposiciones reglamentarias.
En consecuencia, durante 2008 fueron emitidas diversas disposiciones para
perfilar más amplia y concretamente los alcances de la reforma. Cabe referir al
respecto el proyecto de reforma a los organismos de investigación, que implica
la reorganización del Consejo Nacional de la Investigación Científica (CNRS, por
sus siglas en francés) en nueve institutos: matemáticas y aplicación; física y
nanociencias; química; tecnologías; informática; medio ambiente y biodiversidad;
ciencias del universo; física de partículas, y ciencias sociales y humanidades.
Asimismo, la denominada Operación Campus, que implica la inversión, con capital
privado de por medio, en infraestructura para investigación y docencia en los
diez principales campus universitarios franceses a partir de 2009. También el
proyecto de reforma del régimen de formación y reclutamiento de los profesores
de enseñanza primaria y secundaria, y por último el proyecto de modificación
del estatuto de los profesores-investigadores.
La nueva ola de protesta universitaria, además de reiterar la inconformidad
con el enfoque neoliberal presente en las medidas de cambio, está centrada en el
cuestionamiento de los criterios de contratación, permanencia, promoción y
evaluación del personal académico. El debilitamiento de las condiciones
laborales de profesores e investigadores es visto, naturalmente, como un
retroceso y como un riesgo, de ninguna manera como una oportunidad para
mejorar las condiciones de competitividad de las universidades francesas, tal
como lo pretende justificar el gobierno.
El 5 de febrero, ante la inminencia de la puesta en operación de los cambios
programados, se manifestaron, en varias ciudades francesas, más de 50 mil
personas, principalmente académicos y estudiantes de la mayoría de las
universidades públicas. Asimismo, varias universidades se declararon en paro y
suspendieron actividades. El 9 de febrero tuvo lugar, en la sede de la Sorbona,
una trascendental reunión de autoridades y representantes académicos para
convenir una postura unificada.
El pronunciamiento emanado de la reunión del 9 de febrero señala,
textualmente, que los presidentes y representantes de las universidades
reunidos en la Sorbona hacen un llamado formal a los ministros de educación
nacional y de la enseñanza superior y la investigación a retirar todos los
proyectos de reforma en controversia, condición necesaria para la apertura de
auténticas negociaciones y el relanzamiento de un necesario proceso de reforma
en el que participe la comunidad universitaria en su conjunto. El comunicado lo
suscriben los rectores y los representantes de académicos y estudiantes de las
universidades de Censier (París III), Sorbona (París IV), Saint-Denis (París
VIII), Nanterre (París X), Villetaneuse (París XIII), Montpellier III, Besançon,
Rouen y Grenoble III.
En respuesta, la ministra Pécresse acordó extender por dos meses la consulta
sobre los temas controvertidos. Para tal efecto, designó a Claire
Bazy-Malaurie, presidenta de Cámara en el Tribunal de Cuentas y especialista en
asuntos universitarios, en calidad de mediadora entre el gobierno y el sector
académico. El encargo específico de la instancia de mediación consiste en
reexaminar el ejercicio práctico de la reforma, teniendo en cuenta las
especificidades de cada una de las disciplinas académicas.