A finales de 2011 la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) llevó a cabo una auditoría sobre la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, con el objetivo de fiscalizar el Sistema de
Evaluación al Desempeño de la institución. La revisión correspondiente evaluó la
eficacia en el cumplimiento de metas programadas, la eficiencia de los procesos,
la economía en la aplicación de los recursos asignados, así como la competencia
profesional de los “servidores públicos”.
El ejercicio fue reportado este año como parte del Informe de resultados de
la revisión de la Cuenta Pública del GDF correspondiente al ejercicio de 2010
(Tomo II, vol. 16, págs. 217 a 327). Se trata de un documento muy interesante
desde varios puntos de vista. Ante todo, por la información que contiene: datos
acerca de la matrícula real de la UACM, las trayectorias escolares, la
eficiencia terminal por plantel, programa y nivel de estudios, el perfil
académico de la planta docente, la administración de los recursos, así como los
procesos de gestión de la Universidad.
En el texto se incluyen, tanto las observaciones puntuales de los auditores
como las respuestas proporcionadas por el “ente fiscalizado”, es decir por las
autoridades de la Universidad. Conviene advertir que del cúmulo de observaciones
planteadas en el documento, prácticamente ninguna está orientada a señalar usos
indebidos de recursos. Las principales observaciones se concentran en
puntualizar, por una parte, déficit de información sobre prácticamente la
totalidad de los procesos revisados, así como un importante grado de
irregularidad en materia normativa.
Los auditores no omiten subrayar los escasos resultados alcanzados por la
Universidad en términos de egreso y titulación de estudiantes, aunque tampoco
pasan por alto que en la institución “carece de indicadores de gestión y de
desempeño que permitieran determinar el grado de cumplimiento de sus objetivos.”
(pág. 268).
Con respecto al rubro de eficiencia administrativa y de gestión, la auditoría
concluye: “Se constató la falta de actualización o elaboración de normativas
acordes a la figura jurídica y las necesidades de la UACM, en contravención a lo
establecido en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el
Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.”
(pág. 271). Esta falla tiene un doble origen. Por un lado la falta de
actualización de los manuales correspondientes, y principalmente la carencia de
normas generales que regulen las funciones institucionales.
En respuesta a esa observación, central en la auditoría, las autoridades
respondieron que la UACM se encontraba en proceso de revisión de sus estructuras
(académica y administrativa) y normas en el marco del Congreso General
Universitario, y que el cierre de actividades de esa instancia, en el evento
denominado “Semana Cumbre”, del 4 al 8 de junio, el Consejo Universitario podría
iniciar las actividades legislativas correspondientes para la aprobación de los
estatutos faltantes, entre ellos, el estatuto del personal académico. La
respuesta concluye que “en breve se esperan tener los resultados del Congreso
agendadas en Sesiones Próximas del Consejo Universitario.” (pág. 275).
En efecto, el Segundo Consejo Universitario de la UACM dedicó parte de sus
actividades del periodo 2010-2012 a la organización y realización de dicho
Congreso. El periodo de organización coincidió, sin embargo, con el lapso en que
entró en conflicto el órgano colegiado con la rectoría, tal como fue reseñado en
entregas anteriores de esta serie. Ello implicó el escaso apoyo que la autoridad
administrativa brindó al CU para la concreción de este importante acto
académico.
En el segundo semestre de 2011 tuvieron lugar algunos foros preparatorios.
Pero las principales actividades del Congreso se verificaron en el primer
semestre de 2012. Gracias al CU, en los cinco planteles de la UACM se realizaron
foros y mesas de trabajo. Se recibieron más de sesenta propuestas relacionadas
con la estructura y la normativa universitaria, y se llevaron a cabo
aproximadamente cuarenta eventos centrados en la reforma académica y jurídica de
la institución.
Al cabo de la “Semana Cumbre”, el 27 de junio, la Comisión Temporal para la
Organización del Congreso General Universitario publicó en el diario El
Universal un desplegado en que manifiesta su satisfacción por los resultados
obtenidos en el Congreso, en especial las propuestas para establecer una nueva
estructura académica y administrativa. La rectoría, en cambio, omitió
pronunciarse sobre el evento o reconocer públicamente que los resultados
obtenidos fincarían la base para la renovación académica, administrativa y
jurídica de la institución. Lo dejó pasar.
A partir de ese momento otro tema, de indiscutible importancia, habría de
concentrar la atención de las autoridades y del órgano colegiado: la integración
del Tercer Consejo Universitario mediante el proceso electoral previsto. El
conflicto que hoy enfrasca a la institución está directamente relacionado con
esas elecciones. La próxima semana cerraremos la serie concentrándonos en lo
ocurrido.