Para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos del
sector educativo, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2010
incluyó regulaciones aplicables al Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (FAEB). A la SEP se fijaron obligaciones tales como conciliar
las cifras de matrícula con las entidades federativas, así como conciliar y
reportar datos sobre personal docente, administrativo y directivo, con énfasis
particular sobre profesores comisionados. Los estados quedaron obligados a
rendir esta información a la SEP. El cumplimiento de tales obligaciones sería
supervisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF realizó, efectivamente, una auditoría financiera y de cumplimiento
sobre los recursos del FAEB 2010. Se asignó la clave 10‐0‐11100‐02‐0081 al
ejercicio y puede ser consultado en Internet. Se detectaron diferencias entre
los datos de la SEP y los de los estados, tanto en matrícula como en movimiento
de plazas. Sin embargo, tal y como lo consigna el reporte, cada una de éstas
fueron “aclaradas y justificadas” por la SEP. En la misma auditoría se destaca
que la entidad gubernamental inició en 2009 un proceso sistémico para normalizar
la información sobre alumnos, escuelas y maestros.
Tal cual. En 2009 la SEP dieron a conocer las bases del proyecto denominado
Registro Nacional de Alumnos, Escuelas y Maestros, el RNAME. En las
presentaciones del nuevo esquema se destacaban tres motivos para su desarrollo.
En primer lugar, que el Formato 911, empleado para sistematizar la estadística
educativa nacional, no incluye información individualizada sobre alumnos y
maestros. En segundo, que el Programa Sectorial 2006-2012 planteó el objetivo de
modernizar los instrumentos de registro estadístico. En tercero, que la Alianza
por la Calidad de la Educación también propuso crear un sistema de información
para modernizar los centros escolares.
Pero quizás el mayor incentivo para el desarrollo del RNAME provino de las
regulaciones incluidas desde 2010 en el PEF. A partir de 2011, se indicó que el
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) sería
supervisado de la misma manera que el FAEB.
Más aún, a finales de 2010 el Congreso aprobó una serie de modificaciones a
la Ley General de Educación, entre las cuales se incluye la de establecer
sistemas de información educativa. El texto de la reforma, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011, establece la obligación
para la autoridad educativa federal de “regular, coordinar y operar un padrón
nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro
nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y
establecer un Sistema Nacional de Información Educativa” (Artículo 12, fracción
X). Las mismas obligaciones se consideran para las autoridades educativas
estatales (Artículo 13, fracción VII). En los transitorios de la reforma se
establece que estos sistemas (el nacional y los estatales) se “llevarán a cabo
con base en la disponibilidad presupuestal, de manera gradual y con la
participación coordinada de las autoridades educativas de los órdenes de
gobierno correspondientes.”
En 2011 la SEP estableció la plataforma tecnológica del RNAME. Previa
licitación, el proyecto fue encargado a la empresa Servicios, Tecnología y
Organización S.A. de C.V. (STO Consulting), la cual cotizó en 74 millones 500
mil pesos su propuesta (Reforma, 6 de junio de 2011, nota de Sonia del Valle).
El programa de ese año incluía la integración de las bases de datos de centros
escolares, nóminas y plantillas del personal docente y administrativo,
matrícula, resultados individuales de la prueba ENLACE y la identificación de
los programas en que participan los centros escolares.
En 2012 la SEP, mediante adjudicación directa a la misma empresa, por un
monto de $25,289,247 de pesos, dio continuidad al proyecto. En esta fase se
incluyó la creación de un portal para la difusión de datos, el cual ya se
encuentra en funcionamiento y ofrece estadísticas sobre alumnos, maestros y
escuelas con un alto nivel de desagregación. Puede consultarse en
www.rename.sep.gob.mx. El contraste entre los datos RNAME y los del Formato 911
muestra algunas inconsistencias estadísticas, lo que, se supone, se debe a la
diferencia de métodos de captación de información. Hace falta, por consiguiente,
terminar la validación de los datos del registro individualizado para tener
certeza de su calidad y confiabilidad.
No obstante, el 8 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “Acuerdo por el que se determina información de interés nacional
al Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas”, lo que quiere decir, en
términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,
que los datos del RNAME son información oficial y de uso obligatorio para la
Federación, los estados y los municipios.
Así las cosas, ¿qué justifica la decisión de “comenzar con el diseño del
Sistema de Información y Gestión Educativa” y llevar a cabo un censo de maestros
y alumnos? ¿Falló el sistema desarrollado? ¿Borrón y cuenta nueva?
En el proyecto del PEF 2013 se tiene previsto dotar con 150 millones al
proyecto del censo, cantidad incluida, por cierto, en el misceláneo Ramo 23. Es
poquito para un censo, a menos que se trate de otra cosa, por ejemplo la
convalidación de los datos con que ya se cuenta. No me quiero imaginar la
posibilidad de tres datos sobre lo mismo: los del Formato 911, los del RNAME y
los del Censo.