Al igual que en cada año de la presente década, una vez que se dan a conocer
los resultados del proceso de admisión a las universidades públicas del país,
vuelve a la arena de debate, ya sea en medios de opinión pública y
ocasionalmente en las calles, el problema de los rechazados, es decir, la
inconformidad de un número cada vez mayor de aspirantes a ingresar a estas
instituciones que no consiguen lugar en ellas.
Los síntomas de malestar social
que acompañan a este fenómeno son comprensibles —¿quién puede quedar conforme al
figurar en la lista de “no aceptados” tras haber cumplido todos los pasos del
procedimiento de solicitud de ingreso?—, la explicación de insuficiencia de cupo
no parece suficiente para legitimar las causas del creciente número de
rechazados, y el tiempo pasa sin que se alcance una solución, o se perciban las
vías para modificar el estado de cosas.
Aunque el problema de los rechazados está presente en casi todos los rincones
del país, con unas cuantas excepciones, alcanza su mayor perfil cuantitativo en
regiones como el área metropolitana de la Ciudad de México, en la cual las
instituciones de educación superior públicas (UNAM, UAM, IPN, UPN, UACM, UAEM e
incluso la Universidad Autónoma Chapingo) enfrentan en el presente un problema
de demanda de ingreso con un perfil cuantitativo realmente inédito en la
historia, que amenaza constantemente con desbordar su capacidad de respuesta.
Este año, en los dos periodos de admisión (febrero y junio) se presentaron al
concurso de selección para ingreso a las licenciaturas de la UNAM un total de
167 mil 688 egresados del bachillerato. De ellos consiguieron ingreso 14 mil 677
aspirantes (8 mil 804 en el primer examen y 5 mil 873 en el segundo). La mayoría
de los no aceptados buscaron ingresar a otras de las IES públicas del área
metropolitana.
Como la capacidad total de las IES públicas del conglomerado
urbano se estima en un máximo de 75 mil cupos de primer ingreso, algo más de la
mitad de egresados que buscan acceder a este grupo de instituciones se ven
obligados a buscar alternativas: esperar al próximo periodo de inscripciones,
buscar sitio en las universidades privadas —las bunas y las patito— o cancelar
su aspiración de proseguir estudios superiores.
Es importante aclarar que la mayoría de las universidades públicas del área
metropolitana han procurado aumentar su capacidad de ingreso. La UNAM, para
comenzar, aceptaba a principios de la década menos de 30 mil aspirantes, cifra
que se colmaba mayoritariamente por los propios egresados del bachillerato de
esta universidad (ENP y CCH) dejando menos de diez mil lugares al concurso
abierto de selección. En la actualidad la capacidad de primer ingreso supera los
38 mil lugares, contando los sistemas escolarizado, abierto y a distancia del
nivel de licenciatura, y se disponen para acceso por concurso de selección cerca
de 15 mil sitios.
De seguir esta tendencia la UNAM puede aspirar, a corto plazo,
a alcanzar la meta de ofrecer, por cada lugar de pase reglamentado, un lugar por
concurso, meta importante de alcanzar para asegurar una mínima
condición de equidad en el proceso de adimisión al nivel de licenciatura.
En los años recientes el IPN ha establecido un procedimiento de admisión que
le permite, a través de la depuración del padrón de primer ingreso ofrecer, a
través de una segunda ronda de examen, cerca de cinco mil lugares adicionales.
La UAM creó una nueva unidad de esudios, la sede Cuajimalpa que, en el momento
en que resuelva sus problemas de instalaciones, podrá ofrecer un cupo de primer
ingreso entre dos mil y tres mil lugares. La Autónoma del Estado de México, a la
cual concurren cada vez más estudiantes de la región metropolitana, ha hecho
también esfuerzos de ampliación y construcción de nuevos planteles, el más
reciente en el municipio de Nezahualcóyotl.
Sin embargo, la ampliación de las capacidades de ingreso de las instituciones
no parece suficiente para enfrentar la problemática. Contando desde 2001 cada
año se han sumado a la demanda de primer ingreso más de 10 mil nuevos
aspirantes: si en 2001 la cifra de egresados de bachillerato que solicitaron
ingreso a estas IES era de aproximadamente 80 mil jóvenes, la actual supera la
cifra de 160 mil. ¿Cómo hacer para enfrentar esta problemática?
La respuesta no puede ser otra que generar condiciones para ampliar la
oferta. Pero esta vía de solución exige considerar dos variables fundamentales:
financiamiento y coordinación. Se requiere instalar e impulsar el trabajo de la
Comisión Metropolitana de Educación Superior. La idea no es nueva, estaba
prevista desde los años setenta con el Sistema Nacional para la Planeación
Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) se incluyó como meta del Programa
Nacional de Educación del sexenio pasado y se han hecho otros intentos por
generar este esquema de planeación. ¿No sería conveniente repensar sus
posibilidades en la actual coyuntura?
El tema del financiamiento también es complejo y exige una solución
imaginativa porque la distribución del gasto público no toma en cuenta la
dimensión metropolitana de algunos problemas, sino que exige acuerdos caso por
caso entre las entidades involucradas como, en este caso, el Distrito Federal y
el Estado de México. Para algunas áreas, que involucran servicios públicos se
han encontrado soluciones, ¿sería posible buscar alternativas metropolitanas en
educación superior mediante financiamientos concurrentes?
En fin, hay que buscarle, más allá de los que puedan hacer las instituciones
educativas.
