Como parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo una auditoría de
desempeño sobre el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Posteriormente la
ASF comunicó al Congreso una opinión francamente negativa sobre el
funcionamiento del sistema.
Al darse a conocer el reporte (puede ser consultado en la página web de la
ASF), varios medios difundieron la opinión del órgano fiscalizador, dando lugar
a justificadas expresiones de inquitud en la comunidad académica. No es para
menos si se considera que las recomendaciones de la ASF pueden generar
modificaciones en las prácticas y criterios que rigen este sistema o dar pie a
iniciativas de reforma en el ámbito legislativo federal.
El juicio de los auditores resulta contundente: “la Auditoría Superior de la
Federación considera que en 2009 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) no cumplió con el objetivo del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) de: promover y fortalecer, mediante la evaluación, la calidad de la
investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el
país, así como contribuir a la consolidación de investigadores con conocimientos
científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental para
incrementar la cultura, la productividad, la competitividad y el bienestar
social”.
¿En qué se basa tan grave conclusión? En una revisión superficial,
escasamente informada y por lo visto apresurada acerca de los antecedentes, el
marco normativo, el gasto y los procedimientos de evaluación y comunicación de
resultados del sistema. La descripción de antecedentes, para comenzar, adolece
de ignorancia histórica. Errores elementales en varios párrafos de la sección
correspondiente.
Baste un ejemplo. Señala el reporte: “en el marco de la entrega de los
premios anuales de la Academia de la Investigación Científica (AIC), el
Ejecutivo Federal invitó a los investigadores a presentar un proyecto que
estableciera mecanismos para impulsar la profesión del investigador, y propiciar
la mayor eficacia y la más alta calidad de sus investigaciones, e incluyera
esquemas de evaluación de sus miembros. El resultado de esta convocatoria fue la
elaboración del Programa de Educación 1984-1988 alineado al Plan Nacional de
Desarrollo de ese sexenio”.
Pues no, el resultado de la convocatoria no fue la
elaboración del programa sectorial, por cierto denominado Programa Nacional de
Educación, Cultura, Recreación y Deporte, no Programa de Educación, sino la
elaboración de bases para la operación del programa, las que darían pie al
acuerdo presidencial de creación del SNI publicado en el DOF el 26 de julio de
1984. Como ésta, otras imprecisiones que simplemente hacen notar la escasa
familiaridad de los evaluadores con la materia examinada.
Sobre el SNI se han publicado libros, memorias, artículos, capítulos, tesis y
monografías que hubieran permitido a los evaluadores plantear una sección de los
antecedentes y trayectoria como dios manda. Omitir todas esas referencias,
incluso las evaluaciones del Conacyt sobre el sistema, es una evidente falta de
seriedad, a menos que se piense que la sección contextual es un mero pretexto de
entrada al tema, o un simple adorno documental.
Entre las observaciones “de fondo” en que insiste la Auditoría para comentar
el desempeño del SNI destacan aquellas que, a juicio de lo evaluadores,
sustentan su opinión en el sentido del inclumplimiento de objetivos apuntado. La
primera es que, desde su particular lectura, el sistema se habría propuesto como
objetivo “incrementar la cultura, la productividad, la competitividad y el
bienestar social.” Como el Conacyt no ha desarrollado “indicadores estratégicos”
para medir el incremento de esos factores, los auditores presuponen que el
sistema no ha alcanzado tales propósitos.
Tal conclusión es una interpretación sesgada de la letra del reglamente
vigente del SNI. La norma señala como “objeto” del sistema el de “promover y
fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica
y tecnológica y la innovación que se produce en el país (artículo 3), y después
de punto y seguido el artículo agrega que el sistema “contribuye” a la formación
y consolidación de investigadores como un elemento para incrementar cultura,
productividad, competitividad y bienestar social. No dice la norma que el
sistema “contribuirá”, lo que sería un objetivo, sino que de hecho contribuye,
lo que es más bien una misión.
Otro elemento valorado negativamente por la ASF es la presunta incapacidad
del sistema para consolidar a los investigadores. Esta opinión se base en un
indicador muy mal construido y peor interpretado. Señala el reporte: “en 2009,
de los 15,565 investigadores vigentes, el 83.1%, (12,934) correspondieron a
investigadores que ingresaron por primera vez al SNI durante el periodo
1984-2008; y el 16.9% (2,631) fueron investigadores que siguieron la trayectoria
desde que comenzó el programa.” Aparte del galimatías en que incurre la
descripción del indicador y los datos, lo que se busca valorar (la permanencia y
trayectoria de los académicos en el sistema) no aparece por ningún lado. Por
tanto, la conclusión es totalmente errónea.
¿Qué decir sobre el señalamiento según el cual en las entidades federativas
más pobres hay la menor concentración relativa de académicos miembros del
sistema? ¿Qué decir sobre la comparación internacional entre investigadores
sobre población económicamente activa? Los resultados son obvios, no dicen nada
realmente importante, pero también “sustentan” la valoración negativa de la ASF
sobre el SNI.
En fin, una auditoría de desempeño muy mal hecha. Que no soporta ninguna
prueba de consistencia conceptual, metodológica o técnica. Pero peligrosa.
Debería el Conacyt salirle al paso con firmeza. Cosas importantes dependen de
ello.