Es urgente que México cuente con una política de Estado en la materia de
educación superior, ciencia y cultura, pues de lo contrario, se cometería un
error histórico que las próximas generaciones reclamarán con toda razón”,
sentenció el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro
Robles, en su intervención durante la reunión sostenida entre varios rectores y
la fracción parlamentaria del PRI el pasado 9 de octubre.
Además de incrementar la menguada iniciativa presupuestal para educación
superior, ciencia y tecnología, entregada por la Secretaría de Hacienda al
Congreso, el rector Narro Robles propuso la implantación de una política de
presupuestos multianuales que asegure la puesta en marcha “de una auténtica
política de Estado” en el sector.
A modo de respuesta, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio
Irazábal, en el marco del Encuentro Nacional de Diputados Locales del PAN
(Torreón, Coahuila, 10/10/09), aunque evitó pronunciarse sobre los
planteamientos concretos del rector, señaló: “hemos buscado que la afectación a
las universidades sea menor al conjunto del sistema educativo, al tiempo de
considerar que en una situación tan complicada como la actual es especialmente
difícil no pedirles a todos los actores que acerquen el hombro y contribuyan a
soportar la coyuntura”.
Desalentadora, triste, pero sobre todo indigna de un secretario de Educación,
la posición del maestro Lujambio: dado un contexto de recesión económica, el
Estado debe limitar sus inversiones en educación pública, particularmente en
educación superior, ciencia y tecnología. Lamentable.
Las cosas como son: en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2010, Hacienda establece la cifra de 2 billones 397 mil 871 millones de pesos
como “gasto programable”, es decir los recursos de gasto corriente y de capital
previstos para el conjunto de entidades y programas públicos. Esa suma
representa un incremento de 3.34 por ciento respecto del aprobado el año pasado,
aunque tomando en cuenta la inflación el valor es negativo, es decir, -1.4 por
ciento.
Del gasto programable 2010, corresponden a la función de educación pública
482 mil 835 millones de pesos. La cifra integra los recursos asignados a la SEP
(ramo 11), los servicios educativos de las secretarías de Defensa, Marina y
Sagarpa, las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica,
normal, tecnológica y de adultos (ramo 25), y las aportaciones federales para
entidades federativas y municipios (ramo 33).
Distribuido el proyecto por nivel educativo, salta a la vista la decisión de
restringir la inversión en educación superior y posgrado. Para educación básica
(preescolar, primaria y secundaria), se aprobaron el año pasado 283 mil 484
millones de pesos. El proyecto 2010 asciende a 300 mil 501 millones de pesos. En
términos reales, el incremento sería de 1.14 por ciento. Para educación media
superior, el año pasado se aprobaron 53 mil 564 millones de pesos. En este nivel
se contempla para 2010 un monto de 58 mil 309 millones de pesos, con lo cual el
presupuesto aumentaría, en términos reales, 3.87 por ciento.
En marcado contraste, para educación superior se aprobó en 2009 un
presupuesto de 73 mil 361 millones de pesos, cifra que la iniciativa 2010 hace
descender a 71 mil 999 millones de pesos, es decir, una disminución real de 6.36
por ciento. Otro tanto ocurre en posgrado: mientras que en 2009 se autorizaron 5
mil 012 millones de pesos, la iniciativa 2010 es de 5 mil 44 millones de pesos,
lo que en valores reales implica menos 3.97 por ciento.
El secretario Lujambio afirmó, según la prensa, que “si algún presidente ha
sido especialmente cuidadoso con el financiamiento a las universidades públicas
ha sido Felipe Calderón, pues en los primeros tres años de su gobierno el
presupuesto a este sector se incrementó en 28 por ciento” (La Jornada,
11/10/09).
No es así. El gasto público en educación superior ha logrado incrementos
crecientes gracias a la intervención de los legisladores de la oposición,
cabildeo de la ANUIES y los rectores de por medio. Ello ha ocurrido en cada uno
de los años de la actual administración, como también sucedió en todos los años
del presidente Vicente Fox. Los dos gobiernos panistas remitieron al Congreso
proyectos presupuestales para educación superior con niveles de gasto
invariablemente inferiores a los recursos aprobados el año previo, sin falla.
Revisemos sólo los años de la actual administración: para el gasto en
educación superior 2007, el Congreso autorizó 8 mil 206 millones de pesos sobre
la propuesta de Hacienda. El proyecto de gasto en educación superior de 2008
fue, asimismo, incrementado por los diputados en 6 mil 738 millones de pesos, y
el de 2009 en 7 mil 87 millones de pesos. La mayor parte de las reasignaciones
se aplicaron a fondos de recursos extraordinarios sujetos a reglas de operación,
curiosamente los mismos recientemente cuestionados por el Coneval y también los
mismos que la iniciativa presupuestal en curso o bien omite o bien disminuye
drásticamente.
Es verdad que de 2007 a 2009 el presupuesto federal para educación superior
aumentó en forma importante al pasar de 54 mil millones a 73.5 mil millones de
pesos. Todo ese aumento se debió, no obstante, a las reasignaciones autorizadas
por el Congreso. En otras palabras, no es gracias al gobierno del presidente
Calderón Hinojosa, sino al contrario, que ha podido sortearse la situación.
